Mediante un pronunciamiento, un total de 84 instituciones a nivel nacional e internacional han demandado que se esclarezca la muerte del indígena leco, Francisco Marupa, ocurrida en la comunidad Torehua del norte paceño.
Recordaron que las organizaciones indígenas relacionaron este crimen con el asedio permanente y hostigamiento por parte de grupos de traficantes de tierras y operadores de la minería ilegal, a pesar que el Gobierno descartó estas afirmaciones. Según el documento, Marupa fue “una víctima más de la injusticia estructural”.
Las autoridades sostienen que el presunto asesino, ahora detenido, habría confesado el crimen debido a que Marupa lo había sorprendido robando en su propiedad de manera reiterada.
Las más de 80 instituciones exigieron que las autoridades actúen con la debida diligencia para garantizar justicia y medidas urgentes de protección para las comunidades en riesgo, tal como lo establecen los compromisos internacionales ratificados por Bolivia.
“Que el sacrificio de esta vida nos ponga en alerta permanente para detener la violencia, la impunidad de grupos ilegales y criminales que pretenden hacer prevalecer sus intereses económicos devastando nuestros bosques, contaminando las aguas, destruyendo los medios de vida y el inmenso patrimonio natural y cultural que es la esencia de nuestra Casa Común”, señala el texto.
Son 74 entidades que suscriben el pronunciamiento a nivel nacional –entre organizaciones no gubernamentales, radios y gremios periodísticos, comisiones episcopales, colectivos ambientalistas, plataformas sociales y de derechos humanos, entre otros–; además de nueve adhesiones de América Latina y El Caribe (redes eclesiales y otras plataformas) y una adhesión global correspondiente a la Pax Christi International. (Con datos de Erbol)