En su muy particular análisis de la coyuntura política actual, el “evismo” sostiene que el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede desconocer la Constitución Política del Estado, y obviamente ni esa alta corte ni nadie tendría que actuar en oposición a lo que la Carta Magna estatuye. El razonamiento del entorno del expresidente y el suyo mismo, obedece a la decisión judicial de inhabilitarlo para una eventual candidatura a la primera magistratura del país. No sé dónde estaba ese tropel de eximios y afines juristas, analistas, constitucionalistas y llunkus del autócrata cuando en 2016 hicieron exactamente lo que la Constitución prohíbe, es decir, que, aprovechando la dislocación del sistema político impulsada por el entonces poderoso masismo, hollaron tal vez la mayor expresión de democracia directa, el veredicto del pueblo que le dijo “no” a una nueva candidatura del caudillo.
Entonces hay que ser descarados para reclamar lo que hoy consideran una irreverencia jurisdiccional a lo que la Constitución norma respecto a su pretendida nueva postulación. Como fuera, es decir que le asista la razón o que esté desprotegido de cualquier derecho en esa dirección, la realidad es que, aunque todavía oficialmente no lo haya dicho, el Tribunal Supremo Electoral no recibirá su postulación, que en pocas semanas debe inscribirse para los habilitados.
Los primeros dos mandatos de Morales estuvieron indiscutiblemente encuadrados en la Constitución, aunque también en los conceptos de corrupción y autoritarismo. El tercero estuvo viciado por la muy cuestionada transparencia a que su ambición, codicia y efecto corruptor de ya prolongado ejercicio del poder le impedían acceder. Así, en el imaginario colectivo se ha instalado una sinonimia entre la persona de Evo Morales y una categoría de tiranía, aunque, en una división de aguas, entre los conceptos políticos que definen a ese periodo de gobierno abunden las definiciones polisémicas respecto a la naturaleza del último periodo constitucional (pero inconcluso) de Evo, así como de su obcecada intención de postularse nuevamente.
Es cierto que formalmente no se ha abolido la división de poderes, pero los bolivianos fuimos testigos de la confusión de prerrogativas constitucionalmente atribuidas a cada órgano del Estado, resultando que el Ejecutivo hiciera de los otros tres una especie de sucursales de rango menor al suyo y, en consecuencia, de obligado sometimiento a lo que el poder político dispusiera.
Estamos a menos de seis meses de las elecciones generales y, no obstante que para la ciencia política son previsibles las transiciones políticas cuya duración puede ser muy variable, por otro lado, estas están estrechamente relacionadas con el contexto y los condicionamientos institucionales que caracterizan al régimen, así como con las opciones que ofrecen las diferentes oposiciones (nótese la pluralidad gramatical del término, puesto que en Bolivia hay distintas oposiciones al Gobierno). De esas variables, en definitiva, depende que del cambio de régimen pueda o no derivar un proceso que implique modificaciones permanentes en su política, aunque nuestra experiencia nos ha mostrado que esas eventuales transformaciones siempre han tenido una dinámica reversible. Lo que no resulta muy comprensible es que un líder como Evo Morales (todavía más fuerte que otros pseudolíderes opositores que se creen alternativa al populismo) haya llegado a un estado en que sus más jurados seguidores le están haciendo sombra en su ya insolente ambición de retomar el poder.
Arce, Choquehuanca y muchos de la cúpula del “masismo” son los que han ido perforando el liderazgo del déspota. A todos ellos y a muchos más se les ha despejado el cerebro y ahora son denunciantes de las atrocidades cometidas por su antiguo jefe. Pero quien está en camino casi de sepultar sus aspiraciones políticas es Andrónico Rodríguez, que, aunque no lo dice, festeja el ya considerable apoyo no solo de una parte del ala de su aún jefe, sino del propio arcismo, que ve en él una ficha capaz de hacer olvidar al electorado la pésima administración de cinco años del Estado, pero también la posibilidad cierta de dividir aún más a la maltrecha fracción radical. El presidente del Senado de a poco se hace respondón.
Si a ello le sumamos el candado judicial impuesto a Evo y los graves delitos contra menores que se le imputan, pese a sus amenazas, el camino hacia un eventual retorno al gobierno se le está cerrando.
Augusto Vera Riveros es jurista y escritor.