El economista Jaime Balanza, luego del análisis de la situación de los contratos del litio que esperan aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), considera que no es prudente apresurar las acciones, pues antes se debe llamar a una consulta pública, abrir la Constitución Política del Estado (CPE) para garantizar seguridad jurídica a los inversionistas y crear el Impuesto Especial del Litio del 40 por ciento como acontece en Chile.
Por la excesiva politización actual, este proceso debe realizarse en el siguiente gobierno, lo que supone la postergación del tratamiento de los contratos de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con la empresa china CBC y la rusa Uranium One Group. “No se puede matar la industria del litio en su cuna”, insistió Balanza.
Por su parte, el gerente Legal de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Pablo Nina, indicó que los contratos con las empresas extranjeras favorecen a la región y el país. Un ejemplo de ello es la creación de 1.000 empleos directos y 5.000 indirectos en los primeros tres años de la etapa de construcción de las plantas y luego, en la etapa de operaciones, con 400 o 500 empleos durante 30 años, en lo que se refiere a la china CBC; mientras que la empresa rusa generaría hasta 400 empleos en sus operaciones de 20 años.
Además, aclaró que YLB no está comprometiendo todo el Salar de Uyuni, sino sólo el 1,8 por ciento de la superficie de éste y también el aprovechamiento del 1,34 por ciento de los yacimientos de litio de esta reserva, considerada como la más grande del mundo.
Sin embargo, para el economista y analista Balanza, Bolivia debe establecer, previamente, un marco jurídico institucional competitivo respecto de los otros productores de litio a nivel mundial para captar inversiones y tecnología, Chile por ejemplo cobra un impuesto que varía directamente con el precio internacional del litio, pudiendo llegar hasta el 40% cuando el precio es bueno, para que se entienda en Bolivia diremos que es un impuesto tipo IDH, pero variable.
UNA HISTORIA QUE SE REPITE
Al igual que en 1992, cuando organizaciones cívicas y movimientos sociales frustraron el contrato del litio entre la Lithium Corporation of America (Lithco), hoy se repite la historia con la CBC de China y la Uranium One Group de Rusia debido a que no existe una política clara y consensuada para el aprovechamiento de ese recurso.
El Órgano Ejecutivo insiste en que los contratos para producir carbonato de litio del Salar de Uyuni, con la moderna tecnología denominada EDL, son favorables al país y una nueva oportunidad que no se debe perder; mientras que organizaciones potosinas expresan que las regalías para la región son insuficientes, además organizaciones ambientales observan el uso excesivo del agua y políticos manifiestan sus sospechas de irregularidades en las negociaciones con las empresas extranjeras.