Luego de oficializarse una imputación formal en su contra, por los supuestos delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, por parte de la Fiscalía de Tarija, el senador por Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz Pereira, denunció un “terrorismo político” contra su persona y su proyecto.
“Se trata de terrorismo político en cuanto a un proyecto de renovación y cambio para el futuro de la patria. Se ha generado una suerte de crimen mediático no solo contra Rodrigo Paz y su candidatura, sino a miles de bolivianos que están esperanzados de contar con un espacio de propuestas para el destino del país”, señaló Paz.
Detallando que en un periodo de cinco años se han generado cuatro procesos sobre la construcción de “Puente 4 de Julio”, el senador opositor aseguró que, al no poder dañar su gestión al frente de la alcaldía de Tarija, se fueron variando los argumentos de las causas judiciales en su contra. “En la última ya dicen que la ubicación está mal”.
Con documentos en mano, Rodrigo Paz Pereira, Explicó que el primero fue parado por un informe del Instituto de Investigación Forense que estableció que en la construcción del puente 4 de Julio “no existió lesividad para el Estado Plurinacional de Bolivia”.
Sin embargo, enseguida vinieron un segundo, tercer y cuarto caso. El último relacionado con la ubicación del puente, decisión que no fue tomada por Rodrigo Paz, sino por su antecesor en la Alcaldía de Tarija, Oscar Montes, en 2012. Hoy Oscar Montes es Gobernador de Tarija.
“Cinco años de investigación desde el 2020 por un supuesto daño económico, corrupción o algún tipo de manoseo en las cuentas del monumental 4 de Julio. Cinco años en los que al no encontraron pruebas y fueron variando las causas judiciales. Esta última causa dice que la ubicación está mal. ¿A quién imputan? a Rodrigo Paz. El puente nació en una gestión anterior a la mía”, dijo.
500 TÉCNICOS
Paz Pereira indicó que el proyecto del puente 4 de Julio fue preaprobado y verificado por más de 500 técnicos en diferentes etapas, antes de llegar al Concejo Municipal.
“Tras la aprobación de los pasos técnicos, en los que participaron 500 técnicos, para verificar algún fallo, problema de operación, de recursos, licitación, ubicación, el proyecto recién pasó al Concejo Municipal, que lo aprobó, y de ahí al Alcalde. Resulta que ahora inician un proceso en mi contra y los seis concejales; no contra la cadena de 500 técnicos”, dijo.
Gestiones
El líder nacional de Primero la Gente remarcó que el puente 4 de Julio, inaugurado en diciembre del año pasado, no fue gestado en su gestión municipal, en la que tampoco se decidió su ubicación.
Para demostrar ese punto, presentó el contrato administrativo del Estudio TESA “Construcción de un nuevo puente vehicular sobre el Río Guadalquivir a la altura del barrio San Martín de la ciudad de Tarija”, suscrito en noviembre de 2012 por el alcalde de entonces Oscar Montes.
Al mismo tiempo, destacó que estudios de la Corporación Andina de Fomento (hoy CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe) y de Swisscontact definieron otros aspectos del puente, como sus salidas.
“En Cochabamba se cayó un puente, y ese alcalde que es del MAS, no está en la cárcel, está cantando en Viña del Mar (…), mientras los que estamos generando un proceso de renovación y cambio para el país, nos llegan estos procesos de investigación. Esto es un ataque político contra la renovación y el cambio”, cuestionó.
El martes, la Fiscalía de Tarija imputó a Paz por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias por la construcción del puente “4 de Julio” durante su gestión.
En el proceso iniciado por el alcalde de Tarija, Jhonny Torres, por irregularidades en la construcción de dicha obra, también se imputó a los exconcejales Alfonso Paul Lema Grosz, Cira Flores Villaroel, Esther García Andrade de Mondocorre, Valmore Eduardo Donoso Zambrana y Alan Echart Sossa.