CIDH llama a generar mecanismos de protección y respeto a la protesta

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de su relator y comisionados cuestionaron en audiencia pública, la criminalización a defensoras y defensores ambientales en Bolivia y la falta de mecanismos de protección desde el Estado para garantizar el ejercicio a la protesta, en el marco de los estándares internacionales de Derechos Humanos, basados en los informes de la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, emitió un duro pronunciamiento, en el que confirmó la criminalización a defensores de Derechos en asuntos ambientales por parte de agentes estatales, tanto de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía como de otros contextos, frente el avance extractivo. También observó la falta de transparencia por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a la hora de proporcionar información sobre proyectos hidrocarburíferos, así como un inadecuado proceso de consulta que no garantiza los estándares internacionales de ser previa, libre e informada.
“La información que hemos recibido en esta audiencia sobre patrones de persecución judicial en contra de liderazgos comunitarios e indígenas que ejercen el derecho a la defensa del medioambiente, no solo vulnera su derecho a la libre expresión y protesta, sino que también puede obstaculizar el acceso a recursos naturales”, afirmó el relator Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), Javier Palummo, durante la audiencia difundida vía virtual.
Señaló que los relatos de las y los defensores medioambientales y líderes indígenas, dan cuenta de circunstancias de vulneración de derechos fundamentales, Derechos Humanos, libertad de expresión, protesta y desprotección del medioambiente.
“¿Qué medidas se han implementado para que el Derecho Penal no sea utilizado indebidamente en contra de personas defensoras del medioambiente, y si existe un enfoque especializado para abordar estas temáticas por autoridades judiciales”, cuestionó, tras escuchar la reincidencia con la que se lleva a defensoras y defensores a la justicia ordinaria para criminalizar sus acciones de resistencia.
El Estado boliviano estuvo representado por Héctor Arce Zaconeta, presidente del Consejo Permanente de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), ejecutivos de la estatal petrolera YPFB y el Defensor del Pueblo.
La lideresa de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Tuichi, Beni y Quiquibey y cofundadora de la Contiocap, Ruth Alípaz, informó sobre los casos de persecución penal que sufren defensoras y defensores del medioambiente y sus territorios.
“Lo que menciona el Estado, es que hacen consultas para recibir recomendaciones y sugerencias. No, es para ejecutar. Acá no se están tomando en cuenta, al igual que las recomendaciones del Defensor Pueblo, menos harán caso a los documentos, resoluciones y acciones concretas de rechazo a estas actividades (petroleras). Estas actividades van afectar no sólo al área protegida, incluso llegarían a afectar hasta Argentina, y sí, ha entrado maquinaria hasta Cajones”, explicó.
Ante la descalificación que hizo la gerente general de YPFB, Julia Gonzáles, a las y los defensores de Tariquía, Alípaz respondió: “nos preocupa de cómo el Estado cataloga a quienes defendemos derechos en Bolivia, y es el hecho del desprecio, de decir que son grupos autodenominados activistas o se declaran como defensores (…). Estamos defendiendo la vida no solo de nosotros, sino de otro tipo de vida y fuentes de agua para la sociedad civil ¿qué más debemos demostrar que hacemos cumplimiento a ese rol?”.
Mencionó el caso de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, donde 29 defensores fueron denunciados penalmente por oponerse a las operaciones petroleras en el área protegida y sus alrededores; también citó a la comunidad Tres Marías del municipio de Yanacachi, donde un productor de flores y otros cinco comunarios, defensores del medioambiente tienen órdenes de aprehensión y hasta estuvieron en clandestinidad, a simple denuncia de cooperativistas mineros. Del ayllu Acre Antequera, dijo que comunarios fueron judicializados por una empresa minera.
El abogado Róger Ibarra, representante legal de 25 de los 29 procesados de Tariquía, lamentó que aún siga abierto un proceso que no tiene pies ni cabeza, pues a pesar del rechazo que hizo la Fiscalía de Entre Ríos, la Fiscalía Departamental revocó el rechazo a la denuncia interpuesta por YPFB bajo el argumento de que faltan actos procesales, como el desfile identificativo de los denunciados. Observó que supuestas víctimas también figuren como testigos. (ANA)
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