Luego de que se registraran más de 70 muertes en accidentes de tránsito durante los días de Carnaval, crecieron las críticas hacia la Policía y las instituciones del Estado que se encargan de velar por la seguridad y la vida de la ciudadanía, considerando que el Gobierno anunció un refuerzo en el despliegue de personal, estrictos operativos de control e incluso sistemas electrónicos de multas, medidas que no fueron implementadas en su totalidad.
Desde enero de este año, más de 120 personas perdieron la vida en solamente tres hechos de tránsito registrados en las carreteras del país, donde fallas mecánicas, imprudencia de conductores y el consumo irresponsable de bebidas alcohólicas dejaron esta elevada cifra como saldo, la cual quintuplicó el número de víctimas fatales en Carnaval del año pasado, que solo fue de 14.
Solo después de lamentarse estas pérdidas humanas, las autoridades anunciaron un refuerzo de operativos y controles de Tránsito desde las terminales de buses, el medio de transporte por tierra más utilizado para viajes interprovinciales e interdepartamentales dentro del territorio.
Sin embargo, expertos coinciden que ni el Gobierno ni la Policía pudieron evitar la muerte de decenas y decenas de personas en este Carnaval, considerando que en fechas festivas se sobreentiende que es menester un incremento de los controles y refuerzos en las carreteras.
En tanto, el Gobierno anunció en febrero la emisión de multas electrónicas de tránsito a nivel nacional para, supuestamente, dejar atrás el uso de boletas de papel, combatir la corrupción y evitar la extorsión de los efectivos policiales. Hasta la semana pasada, una autoridad policial confirmó a un diario cruceño que los dispositivos no llegaron al Comando Departamental, y que los elementos policiales no habían sido capacitados.
El parlamentario de CC, José Ormachea, denunció la ausencia de controles al principio, a medio camino y al final de los viajes en autobuses en épocas de festividades. Señaló que, por ejemplo, se podía haber invertido recursos en implementar cámaras de seguridad en los buses de transporte público para que la Policía pueda realizar controles “24/7” sobre el consumo de bebidas alcohólicas por parte de los conductores.
“El enfoque (de la Policía) debería haber sido monitorear ‘24/7’ (para) que los choferes no consuman bebidas alcohólicas, que tengan sus licencias de conducir al día, que les hagan tests de alcoholemia a mitad de la carretera, al inicio y al final. Todo eso, aparentemente, no se ha hecho, porque si no, se hubiera podido evitar lo que ha ocurrido”, señaló Ormachea a EL DIARIO.
También señaló que las empresas responsables de accidentes, como los dos que ocurrieron en las carreteras de Potosí el fin de semana de Carnaval dejando cerca de 70 personas fallecidas, deberían ser penalizadas, no solo multadas, incluso con el cierre definitivo de su actividad.
“MEGANEGOCIO”
La criminóloga, Gabriela Reyes, lamentó que la Policía recién refuerce controles luego de un centenar de muertes, cuando en Carnaval el refuerzo debería ser la prioridad. Señaló que a la Policía resulta más “rentable” sentarse en sus oficinas y dedicarse a extorsionar que movilizarse para realizar controles y acciones de prevención en las carreteras.
El abogado y exfiscal, Jaime Solíz, señaló que hay una “grave y profunda desorganización en la Policía” y calificó como “un grave error” el hecho de que la Fiscalía no se dedique a realizar trabajos de prevención de accidentes, sino que se limite a acudir al lugar de los hechos una vez registrados los siniestros.
“La Policía de Tránsito se ha convertido en un ‘meganegocio’, donde están metidos en el negocio de las grapas y de todo lo que implica las multas e infracciones, (pues) han dejado de lado el tema de la fiscalización”, puntualizó Solíz, en declaraciones a EL DIARIO.