Con profunda preocupación y consternación, leí en los medios de comunicación de nuestro país que, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se registraron dos infanticidios. En uno de los casos, una de las víctimas, de tan solo un año y dos meses de edad, fue ultrajada sexualmente por su padrastro antes de que su propia madre la golpeara hasta causarle la muerte. En La Paz, en el municipio de Caranavi, un niño de cuatro años perdió la vida tras recibir un fuerte golpe abdominal propinado por su padrastro. Estos son solo tres ejemplos de menores ultrajados, maltratados y asesinados por sus propios padres o familiares cercanos.
Esta situación es alarmante, ya que los autores de estos actos aberrantes son precisamente quienes deberían proteger a estos niños y niñas. Resulta desconcertante la falta de respuesta de los colectivos de defensa de derechos humanos, quienes no han organizado marchas, ni se han manifestado públicamente para exigir acciones no solo punitivas, sino también preventivas. Como mujer, tía e hija, me siento profundamente sensibilizada por estos hechos y considero fundamental enfatizar la necesidad urgente de políticas públicas enfocadas en la prevención de estas tragedias, donde los más pequeños pierden su derecho fundamental a la vida.
El infanticidio, definido como el acto consciente de acabar con la vida de un niño muy pequeño, es un problema profundamente preocupante en nuestra sociedad actual. Este delito se encuentra tipificado en el artículo 258 del Código Penal Boliviano, el cual establece: «Se sancionará con pena de presidio de treinta (30) años, sin derecho a indulto, a quien mate a una niña o un niño desde su nacimiento hasta sus doce (12) años».
A pesar de los avances significativos en la psicología y las ciencias sociales, definir las motivaciones y los factores de riesgo sigue siendo un desafío complejo. Esto se debe a que el infanticidio, suele estar influido por una combinación de factores psicológicos, socioculturales y económicos, que interactúan de manera diversa según la comunidad y las circunstancias específicas. Para comprender y prevenir estos sucesos trágicos, es crucial indagar en las experiencias traumáticas de los padres y las circunstancias que los llevan a cometer estos delitos.
Estas experiencias pueden incluir antecedentes de maltrato, negligencia, enfermedades mentales, abuso de sustancias, dificultades en la crianza y falta de apoyo social. Asimismo, influyen las relaciones interpersonales tensas, los conflictos matrimoniales, la violencia doméstica, las pérdidas, las separaciones, las condiciones de vida adversas, los eventos traumáticos y las dificultades económicas.
La prevención del infanticidio requiere tanto reformas legales como un cambio en las actitudes sociales. Es fundamental apoyar a las mujeres que enfrentan embarazos no deseados, precariedad económica, problemas familiares, emocionales, así como adicciones o situaciones culturales adversas. Para lograrlo, se necesita un esfuerzo colectivo y la cooperación de las autoridades gubernamentales, instituciones sociales y organizaciones no gubernamentales.
Solo mediante acciones coordinadas y un compromiso firme podremos proteger la vida y el bienestar de nuestros niños y niñas, garantizando su derecho a crecer en un entorno seguro y amoroso. Algunas medidas concretas podrían incluir:
- Campañas de concientización: Sensibilizar a la sociedad sobre los derechos de los niños y las consecuencias de la violencia infantil.
- Incentivos económicos: Ofrecer apoyo financiero a mujeres con niños menores de cinco años, así como incentivos fiscales a empresas que contraten a madres solteras y provean servicios de guardería.
- Programas de ayuda social: Implementar talleres y seminarios que enseñen a los padres la importancia de tratar a los niños con respeto, amor y consideración, tanto en el ámbito familiar como en el escolar y comunitario.
- Apoyo psicológico y social: Brindar asistencia a familias en situación de vulnerabilidad, incluyendo terapia psicológica, asesoramiento familiar y redes de apoyo comunitario.
El Estado Boliviano, debe asumir un rol protagónico en la protección de la infancia, ofreciendo un apoyo real a padres y madres de escasos recursos económicos. Solo a través de un enfoque integral, que combine prevención, educación y sanción, podremos erradicar este flagelo y garantizar que todos los niños y niñas crezcan en un entorno seguro, libre de violencia y lleno de oportunidades.
En conclusión, la violencia contra los niños y niñas en Bolivia, especialmente cuando es perpetrada por sus propios padres o familiares cercanos, es una problemática que exige una respuesta urgente y coordinada. Es responsabilidad de todos —gobierno, sociedad civil y ciudadanos— trabajar juntos para proteger a los más vulnerables y construir un futuro donde la infancia sea sagrada y respetada.
MSc. D.A.E.N. Abg. Willma Blazz Ibáñez.