Las autoridades políticas y judiciales de Cuba dieron por concluido el proceso de excarcelación de 553 reclusos anunciado a mediados de enero, si bien desde las organizaciones disidentes advirtieron de que menos de la mitad de las personas beneficiadas pueden catalogarse de presos políticos.
La vicepresidenta del Tribunal Supremo, Maricela Sosa Ravelo, anunció en una entrevista a la televisión estatal el final de un proceso que ha descrito como «exitoso». La salida de la cárcel, advirtió, no exime de que algunos de estos presos tengan que cumplir una serie de garantías u otras sanciones «accesorias», informa el diario «Granma».
La ONG Prisoners Defenders denunció que de los 553 liberados sólo 229 pueden considerarse presos políticos, de los cuales una decena ya se beneficiaban de un permiso que las autoridades se limitaron a prolongar. El resto estarían catalogados como «presos comunes», según la organización, que denunció en estos meses la falta de transparencia del Gobierno de Miguel Díaz-Canel.
Prisoners Defenders considera que lo que concluye ahora es «un intento de fraude del régimen cubano», que buscaría valerse de este tipo de anuncios para conservar el poder. «Es la primera vez que el régimen fracasa en un intento de engañar a la comunidad internacional», sostuvo.
También Amnistía Internacional denunció en febrero «irregularidades» y «falta de transparencia» durante este proceso, al tiempo que advirtió de que algunos presos políticos que sí fueron liberados, como José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Luis Robles y Donaida Pérez Paseiro, denunciaron ser víctimas de nuevas restricciones.(EP)