La historia del litio boliviano se basa en dos normas: la Ley 719 que Hernán Siles Suazo promulgó el 15 de febrero de 1985, declarando “de necesidad nacional la exploración, explotación, beneficio y comercialización de los recursos minerales metálicos y no metálicos, yacentes en la Cuenca Evaporítica del Gran del Salar de Uyuni, ubicados en el Departamento de Potosí” y el Decreto Supremo 21.260 del 16 de mayo de 1986 que “declara en reserva fiscal al Gran Salar de Uyuni”. Este último fue promulgado por Víctor Paz Estenssoro y esa pudo ser una de las razones que motivaron a que no sea él quien firme el contrato con la Lithium Corporation (Lithco) y le deje el paquetito a su sobrino Jaime Paz.
Pero Paz Zamora no pudo consolidar el negocio del litio, ni siquiera luego de que se cumplió con la Ley 719 convocando a una licitación pública internacional. La elevación de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 10 al 13 por ciento desalentó a la empresa ganadora del proceso, la Lithium Division de la FMC Corporation, que prefirió invertir sus millones en el Salar del Hombre Muerto, de Catamarca, Argentina, donde ha establecido su filial Minera del Altiplano, que opera sin problemas de relevancia hasta la fecha.
En Bolivia, el Salar de Uyuni se quedó sin operador para la explotación de sus salmueras, pero algunos visionarios, como Juan Quesada, comenzaron a construir hoteles de sal, chocando con la resistencia de los lugareños, aunque eso es otra historia.
Lo cierto es que, durante el gobierno democrático de Hugo Banzer, que sucedió a la primera gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, el senador Gonzalo Valda Cárdenas, que era el hombre fuerte del cogobernante MIR en Potosí, consiguió la aprobación y promulgación de la Ley 1.854, del 8 de abril de 1998, que, en un tramposo artículo único, redujo la reserva fiscal del Salar de Uyuni a solo “el perímetro que corresponde a la costra salina”. Gracias a esa norma, el Salar fue dividido en cuadrículas y, bajo ese sistema, varias de ellas fueron concesionadas a dos empresas, Copla Ltda., dedicada al mercado del boro, y la empresa minera Río Grande, representada por los bolivianos David Moscoso y Álvaro Ugalde.
Fue el inicio de los grandes negociados del litio porque, por una parte, Valda les hizo un tremendo favor a las empresas interesadas al mimetizar la reserva fiscal del Salar de Uyuni con un precio que jamás se sabrá, puesto que ese tipo de pagos se hacen por debajo de la mesa. Sin licitación alguna, el Salar de Uyuni había sido entregado a privados puesto que, casi de inmediato, Río Grande, que solo tenía las concesiones en dicho salar, se asoció con Quiborax S.A., una empresa que, al presente, es la tercera productora de ácido bórico en el mundo y tiene base en Arica y Parinacota. Sí, Arica y Parinacota, las que forman parte de las 16 regiones de Chile porque Quiborax era, y es, una empresa chilena.
Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.