Mientras el Gobierno anuncia medidas paliativas ante la crisis energética –horario continuo en instituciones, llegada de combustible equivalente a 20 días de abastecimiento, reducción del transporte público o clases virtuales, entre otras–, la Defensoría del Pueblo exigió al Estado asumir “soluciones estructurales” que brinden certidumbre a la población y agotar esfuerzos para el diálogo con sectores en protesta.
“Manifestamos nuestra profunda preocupación ante la crítica situación que atraviesa el país, la cual exige soluciones estructurales y no únicamente medidas paliativas. Es imperativo brindar certeza a la población boliviana, cada vez más afectada por las múltiples consecuencias negativas de la escasez de combustible”, señala un pronunciamiento de la Defensoría.
La institución, destinada a velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos y garantías constitucionales en favor de la sociedad boliviana, manifestó que es “imperativo” brindar certeza a la población, que cada día se ve aquejada por el aumento de precios en la canasta familiar, la falta de medicamentos, las dificultades para la asistencia escolar y el riesgo para el funcionamiento de ambulancias y maquinaria pesada, problemas que son efecto de la escasez de carburantes.
Asimismo, la Defensoría exhortó al Estado a “agotar todas las vías para establecer mesas de dialogo inclusivas con los sectores que han anunciado medidas de protesta”, en atención a sus demandas. También instó a esos sectores a protestar pacíficamente, ante la actual situación de fragilidad del país.
“Todos los órganos del Estado deben asumir con responsabilidad su rol constitucional, trabajando en beneficio de la población boliviana. Su accionar debe enfocarse en aportar soluciones que prevengan la polarización social y fortalezcan la institucionalidad del país, que actualmente se encuentra en una situación de fragilidad”, se lee en el documento.
La entidad defensorial informó que desarrolla un plan de verificaciones y “otras acciones” para evidenciar el cumplimiento de compromisos anunciados por el Gobierno, en procura de garantizar los derechos humanos de la población boliviana. Señaló que se mantiene vigilando la evolución de la conflictividad en el país.
MEDIDAS PALIATIVAS
El presidente de la energética estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, anunció ayer la llegada de tres buques con un total de 90 millones de litros de combustible (70 de gasolina y 20 de diésel) para aliviar por 20 días las interminables filas de vehículos en estaciones de servicio, debido al desabastecimiento a nivel nacional.
Asimismo, el miércoles, Arce anunció diez medidas para mitigar la crisis y adecuar a la población a la escasez indefinida, entre las que planteó reducir a la mitad el parque automotor del sector público, trabajar en horario continuo y disponer clases virtuales en las unidades educativas. En tanto, insistió en culpar a la Asamblea Legislativa por no aprobar créditos que supuestamente permitirán una inmediata liquidez de divisas extranjeras.
Estas medidas fueron ampliamente criticadas por analistas expertos y sectores de la oposición. El reconocido economista, Gonzalo Chávez, calificó estas medidas como “el decálogo de la resignación” por parte del Gobierno ante una situación económica indudablemente crítica.
Créditos: APG