En la última década, Bolivia ha experimentado una crisis de representatividad política que se manifiesta en prácticas que desvirtúan la esencia de los partidos como vehículos de articulación de intereses colectivos. Entre estas prácticas, destaca el “alquiler de partidos”, un fenómeno que refleja la mercantilización de la política y exige un análisis de sus causas y consecuencias.
La transformación de los partidos políticos en activos comerciales representa una preocupante distorsión de su función primordial. Han dejado de ser organizaciones programáticas para convertirse en vehículos electorales carentes de un contenido ideológico claro. Esta mercantilización se evidencia en la práctica del “alquiler” de siglas partidarias a candidatos sin trayectoria o vinculación orgánica con la organización.
Este fenómeno tiene sus raíces en la debilidad institucional del sistema de partidos y la progresiva erosión de las identidades políticas tradicionales (Mayorga, 2012). La volatilidad del electorado y la crisis de las ideologías han creado un escenario propicio para que los partidos abandonen su función de intermediación programática.
El “negocio” de los partidos políticos opera en dos niveles. Por un lado, genera beneficios económicos directos para las cúpulas partidarias que controlan la personería jurídica de la organización. Las siglas partidarias se cotizan en el mercado político según su capital simbólico y sus posibilidades electorales. Este mercado implica transacciones económicas que, aunque no públicas, constituyen una fuente importante de recursos.
Por otro lado, el control de un partido otorga poder de negociación política que trasciende los ciclos electorales. Incluso sin victorias significativas, los propietarios de siglas partidarias pueden capitalizar su posición para acceder a espacios de poder mediante alianzas o negociaciones postelectorales.
Un aspecto preocupante es la subordinación del interés colectivo a ambiciones personales o grupales. La personalización de la política ha desplazado los proyectos programáticos, privilegiando liderazgos individuales desconectados de bases sociales orgánicas. Esta tendencia refleja una “angustia de poder”, caracterizada por la urgencia de ocupar espacios institucionales sin un horizonte programático definido.
La evidencia empírica confirma que la mayoría de los candidatos en las últimas elecciones subnacionales carecían de vinculación previa con el partido por el que postularon, demostrando el carácter instrumental de estas organizaciones. Esta falta de arraigo partidario debilita la representación política y la legitimidad.
Las implicaciones de esta mercantilización partidaria son múltiples y afectan al sistema político boliviano. La desideologización de los partidos dificulta la articulación de opciones programáticas coherentes, empobreciendo el debate público y limitando las opciones del electorado.
La mercantilización de la política obstaculiza la renovación de liderazgos y la incorporación de nuevos actores, perpetuando élites que controlan el acceso a la competencia electoral. La falta de mecanismos de democracia interna en los partidos agrava esta situación.
El “alquiler” de partidos políticos representa una manifestación extrema de la crisis de representación. Lejos de cumplir su función, muchos partidos operan como empresas políticas orientadas a capitalizar oportunidades electorales o de negociación.
Esta mercantilización desvirtúa la representación democrática y perpetúa prácticas clientelares y personalistas, obstaculizando el desarrollo institucional. La recuperación de la política como espacio de deliberación requiere una profunda reforma del sistema de partidos.
Un sistema político saludable necesita partidos que trasciendan la lógica mercantil y recuperen su vocación programática, contribuyendo a una democracia sustantiva que responda a las necesidades de la sociedad. Es fundamental fortalecer la transparencia, la gobernanza y la participación ciudadana en los partidos políticos.
El autor es politólogo-abogado y docente universitario.
rcoteja100@gmail.com