Solicitan informe a Defensa por torturas en unidades militares

La senadora por Creemos, Claudia Egüez Algarañaz, ante las recurrentes denuncias relacionadas a supuestas torturas en unidades militares, remitió una Petición de Informe Escrito al Ministerio de Defensa, solicitando explicaciones sobre las políticas preventivas aplicadas en las Fuerzas Armadas para evitar abusos que, en algunos casos, han derivado en la muerte de cadetes, soldados y personal militar.
La noche del pasado 4 de febrero de 2025, en el Regimiento Militar en la comunidad de Casarabe del municipio de Trinidad, Beni, el comandante de la unidad militar “Lino Echavarría” habría pedido a uno de los soldados llevar un palo de tacuara y con eso empezó a golpearlo, lo hizo desnudar y luego agarró un cable para castigarlo, al igual que a otros soldados.
Ante este grave antecedente, la senadora Egüez incluyó en esta petición 11 consultas, entre ellas, informar qué medidas se vienen adoptando para garantizar la protección de los conscriptos y personal militar en general en los recintos militares, además de sancionar a los responsables de estas prácticas nocivas y contrarias a la protección de la dignidad de soldados bajo su custodia.
Asimismo, si en las unidades militares de Bolivia se toma en cuenta la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la que se indica que, “cuando se presta el servicio militar, esto conlleva una restricción o limitación a los derechos y libertades de los reclutas generando, con ello no propiamente una privación de libertad, pero sí una situación en la que el Estado es el garante y custodio de los individuos sometidos a ese régimen”.
También se consulta si en caso de que ocurra algún hecho de malos tratos o tortura en instalaciones militares, el Estado tiene la obligación de investigar y asumir, como “un deber jurídico propio” y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa o como una mera gestión de interés particulares, que depende de la iniciativa procesal de las víctimas, de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios.
En ese marco, la última consulta indaga si existen políticas preventivas en las Fuerzas Armadas para evitar hechos como los denunciados se repitan en los cuarteles y recintos militares del país, los mismos que vienen siendo recurrentes, cobrando vidas y menoscabando la integridad y la salud de cadetes, soldados y personal militar en general.
La legisladora enfatizó que, en el ejercicio de su rol de fiscalización, espera que el ministro de Defensa responda a las consultas dentro del plazo establecido por norma, permitiendo así que se continúen tomando acciones en defensa de los conscriptos y del respeto a los derechos humanos en el ámbito militar.
En febrero de este año, un grupo de padres de conscriptos presentó una denuncia por actos de violencia y tortura contra sus hijos por parte de un sargento del Regimiento de Infantería 29 “Capitán Echeverría”, de la comunidad de Casarabe, en Beni.
“Pudimos evidenciar y podemos dar fe que habían sufrido torturas por parte del mencionado sargento en varias ocasiones, se denotan marcas de golpes en el cuerpo que infligió este instructor a nuestros hijos”, señaló la denuncia presentada ante el Ministerio Público.
Posteriormente, el fiscal departamental de Beni, Gerardo Balderas, indicó que, en audiencia de medidas cautelares, la autoridad jurisdiccional determinó que el Sargento Segundo de 28 años de edad, acusado por este hecho, es presunto autor de los delitos de Vejaciones y Torturas, Lesiones Graves y Leves y Coacción, en contra de soldados por lo que dispuso su detención preventiva en el penal de Mocoví por el plazo de 90 días.
Sobre este tema, desde la Defensoría del Pueblo se recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que cuando se presta el servicio militar “esto conlleva una restricción o limitación a los derechos y libertades de los reclutas, generando con ello no propiamente una privación de libertad, pero si una situación en la que el Estado es el garante y custodio de los individuos sometidos a ese régimen”.
En este sentido, en caso de que ocurra algún hecho de malos tratos o tortura en instalaciones militares, señala la Defensoría, el Estado tiene la obligación de investigar, una tarea que debe ser asumida como “un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios”.
En tanto, una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar de oficio y sin dilación una investigación “seria, imparcial y efectiva”, garantizando la protección a las víctimas y el principio de no repetición.