La actual crisis de combustible en Bolivia, ha generado un impacto significativo en la vida de los ciudadanos de los centros urbanos y en los productores rurales, que enfrentan dificultades para transportar sus productos a las ciudades. Esta situación ha provocado un incremento en los precios de alimentos básicos como el aceite, la carne de cerdo, pollo y res, afectando directamente a las familias bolivianas. La escasez de combustible ha reducido la oferta y elevado los precios. Las amas de casa y los padres de familia, enfrentan dificultades para adquirir alimentos esenciales, lo que genera preocupación, malestar y temor en la población.
La falta de gasolina y diésel, ha llevado a inmensas filas en las estaciones de servicio, afectando la movilidad y el transporte público. Los ciudadanos deben esperar horas, e incluso días, para abastecerse de gasolina o diésel, lo que altera sus rutinas diarias y genera frustración.
En el ámbito rural, los agricultores enfrentan dificultades para cosechar y transportar sus productos. Por ejemplo, en Santa Cruz, los productores de soya y arroz, están al borde de afectar sus cosechas, lo que representa una amenaza para la economía agrícola del país y el abastecimiento interno de alimentos.
Como respuesta, el Gobierno ha lanzado diez medidas: reducción del uso del parque automotor; incremento de la distribución de combustible; una aplicación para informar sobre la disponibilidad de combustible en las estaciones de servicio; asignación de estaciones de servicio específicas para el transporte público; priorización del suministro de combustible a sectores como salud, seguridad y producción de alimentos; ajuste del horario laboral; implementación de clases virtuales en el sistema educativo; fortalecimiento de controles para evitar el contrabando de combustibles; líneas de crédito para la importación de combustibles; promoción del uso de energías alternativas.
Estas medidas han sido criticadas por su carácter improvisado. Algunas, como el control del contrabando de combustibles, ya fueron anunciadas en el pasado sin resultados efectivos. Otras, como la implementación de clases virtuales, afecta la formación de los estudiantes y genera inconvenientes adicionales a las familias.
El Gobierno echa la culpa a la Asamblea Legislativa por trabar créditos que insertarían dólares a la economía, pero, en realidad, no le interesa que éstos sean destrabados, pues así tiene a quien culpar y ocultar su incapacidad. Por ello no mueve un dedo en la Asamblea, donde tiene mayoría. A tal punto llega este falso reclamo que, en plena crisis, el Presidente de la Asamblea, segundo hombre del Ejecutivo, desaparece y no asume su obligación de articular una solución política. Los encargados de la coordinación con el Legislativo, del Ministerio de la Presidencia, tampoco se mueven, como sí lo hacen para elegir cargos claves como el del Defensor del Pueblo o Fiscal General, más bien parecen estar conformes con la situación.
Esta es la verdad del doble discurso del Gobierno, decidido a priorizar sus intereses electorales a costa de la angustia de la gente.
El autor es psicólogo y analista político.