Las autoridades turcas detuvieron ayer al alcalde de Estambul y miembro del Partido Republicano del Pueblo (CHP), Ekrem Imamoglu, por supuestamente «liderar una organización criminal» entre otros delitos de corrupción, así como por «ayudar» al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que Ankara considera como organización terrorista.
La Fiscalía de Estambul anunció en un comunicado que emitió órdenes de detención contra Imamoglu y otras 99 personas acusadas de «pertenencia a banda criminal, extorsión, soborno, fraude, obtención ilegal de datos personales y amaño de una licitación». El regidor fue acusado además junto a otras seis personas por «ayudar a la organización terrorista PKK».
El líder de la formación opositora, Ozgur Ozel, denunció la medida como «un intento de golpe de Estado contra nuestro próximo presidente». «Tomar decisiones en nombre del pueblo, usar la fuerza para sustituir la voluntad popular u obstruirla, es un golpe de Estado. Actualmente existe una fuerza para impedir que la nación determine quién será el próximo presidente», declaró en su cuenta de la red social X.
El CHP tiene previsto celebrar este domingo, 23 de marzo, sus primarias en una votación de la que presumiblemente Imamoglu saldrá elegido candidato para las presidenciales de 2028.
La detención se suma a una orden de la Universidad de Estambul, que el martes revocó el título expedido al alcalde, dos eventos que podrían impedir al regidor desafiar al actual mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, en dicha cita electoral puesto que, según la Constitución turca, los aspirantes a la Presidencia del país deben tener un título de educación superior.
Imamoglu, una figura popular de la política turca, anunció que recurriría la decisión del centro educativo ante los tribunales, al considerarla «ilegal». «Está cerca el día en que quienes tomaron esta decisión rendirán cuentas ante la historia y la justicia. La marcha de nuestra nación, sedienta de justicia, derecho y democracia, no se puede detener», aseguró.
La institución señaló que había tomado esta medida ante unas diligencias de la Fiscalía sobre un presunto delito de «falsificación de documentos oficiales».(EP)