Gracias a la Ley 1.854, que los potosinos rebautizamos como “Ley Valda”, en alusión a su autor, las empresas Copla Ltda. y la chilena Quiborax permanecieron en el Salar de Uyuni durante un tiempo en el que nadie protestó por su presencia. Se dedicaron, principalmente, a la producción y comercialización de productos derivados del boro, entre ellos el ácido bórico. Eso determinó que se permitiera el ingreso controlado de precursores a esa región.
Durante ese tiempo, la empresa Sociedad Industrial Tierra S.A., que era presidida por el belga Guglielme (Guillermo) Roelants du Vivier, consiguió un crédito de tres millones de dólares de la Corporación Interamericana de Inversiones, afiliada al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el desarrollo de boratos usando el boro y bórax del Salar de Uyuni. Con ese dinero, Roelants compró equipos, incluidas cisternas, para el transporte de precursores.
Ya en el 2000, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) incautó una cisterna que transportaba ácido sulfúrico, pero no al Salar de Uyuni, sino al Chapare. El hallazgo determinó un operativo conjunto entre la DEA y la Felcn en la planta de ácido bórico que Tierra S.A. había construido en Apacheta, cerca de la frontera con Chile. La infraestructura fue intervenida tras verificarse que entre 1995 a 1999 desvió 3.244 toneladas de ácido sulfúrico hacia el Chapare. Roelants fue sometido a juicio por transporte de precursores y se lo condenó a 12 años de cárcel.
Mientras eso pasaba en el Salar, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), liderado por René Navarro, inició una huelga de hambre exigiendo que se reviertan las concesiones de Copla y Quiborax. Para ese fin, se instaló cartas frente a la Prefectura de Potosí, gobernada entonces por Gisela Derpic.
El presidente de entonces, Carlos Mesa, cedió ante la demanda de los cívicos y revirtió las concesiones. Al mismo tiempo, inició el proceso para abrogar la Ley 1.854.
Copla sigue operando en países como Chile y Brasil y en octubre de 2024 publicó un requerimiento de personal para contratar a un asistente de compras para La Paz. En 2006, Quiborax le inició un juicio al Estado boliviano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, dependiente del Banco Mundial, que falló en contra del país, condenándole al pago de 48,6 millones de dólares.
En los primeros años de su gobierno, Evo Morales anunció que industrializaría el litio del Salar de Uyuni y conformó un Comité Científico Internacional para tal fin. La sorpresa fue que la presidencia de esa instancia fue conferida a Guillermo Roelants que, para entonces, había recuperado su libertad y reinició sus actividades habituales, porque se levantó la intervención a su planta.
La protesta potosina revirtió el nombramiento de Roelants y, desde entonces, Morales nada más hizo para explotar los recursos del Salar de Uyuni y, de esa manera, favoreció a las empresas que operan en Australia, Chile y Argentina, que son los países que, ahora, lideran la producción mundial de litio.
Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.