El procurador General, Ricardo Condori, exigió el pago de $us 3 millones a favor del Estado boliviano para una reparación por daño económico, a través de la ejecución de seis bienes embargados a los sentenciados por el caso “Misiles chinos”.
“Ya estamos en plena etapa de ejecución de la sentencia del caso Misiles Chinos, como Procuraduría no solo estamos exigiendo que se ejecutoríe el pago de más de 3 millones de dólares, sino también que se haga la ejecución de los bienes embargados de los sentenciados”, afirmó Condori.
Se tienen seis bienes embargados a los sentenciados. Por lo tanto, se está tomando los recaudos para que el Tribunal ejecute y se consiga la reparación de los daños ocasionados, por un monto total de $us 3.005.280.
EL CASO
En octubre de 2005, 36 misiles de fabricación china, de propiedad de las FFAA, fueron entregados irregularmente a la Embajada de Estados Unidos para su traslado al país del norte y su desactivación. El hecho ocurrió en el gobierno de transición del expresidente, Eduardo Rodríguez Velzté.
Los misiles volvieron a Bolivia desmantelados en 2006 porque Estados Unidos consideraba que representaban un riesgo para su seguridad. La desactivación fue realizada por especialistas estadounidenses, bajo el argumento de que el Ejército boliviano no contaba con la experiencia necesaria para hacerlo.
Se activó un juicio y en noviembre de 2015, el coronel del Ejército, Ciro Alejandro Valdivia, fue sentenciado, en calidad de cómplice, a dos años de privación de libertad por los delitos de revelación de secretos, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes.
También corrieron la misma suerte el excomandante general del Ejército, Marcelo Antezana; el exjefe de Estado Mayor, Marco Vázquez; el exinspector general del Ejército, Víctor Hugo Cuéllar; y el coronel, David Torrico.
Además, están el coronel, Wilbert Sánchez; el exministro de Defensa, Gonzalo Méndez, y el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Marco Justiniano, quienes fueron acusados por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes.
REPARACIÓN
El Ministerio Público inició el proceso judicial de reparación del daño, junto con la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Defensa y el Comando General del Ejército, ante el Juzgado de Sentencia 2 de Sucre. En noviembre de 2023 emitió la Resolución que ordena el pago por parte de los ocho sentenciados. (ABI, PGE)