En este día especial, los bolivianos debemos tomar conciencia, una vez más, de que nuestro derecho al mar es irrenunciable y que la solución será posible cuando las autoridades de Chile asuman una posición política según los cambios en materia de Derecho Internacional, por los cuales ha habido revisión de tratados y fueron resueltos varios conflictos territoriales.
Una vez más cabe señalar que la violenta usurpación de nuestro Litoral por parte de Chile se debió, más que todo a que ese territorio, de aproximadamente de 120.000 Km2 y una costa marítima de 400 Km, contenía fabulosa riqueza minera. La explotación de minerales como cobre, molibdeno, litio, boro, ulexita, plata, yodo, nitratos naturales, renio, sin olvidar al salitre y guano, enriquecieron al país invasor. Otro hubiese sido el destino de Bolivia, si hubiese protegido esa zona marítima tan valiosa.
Desde hace más de un siglo, vanos han sido los intentos para tener, por lo menos una salida soberana al mar, debido a deficientes gestiones diplomáticas y falta de unidad interna para encarar de la mejor manera el asunto del enclaustramiento territorial que se nos impuso, que es totalmente injusto, porque nacimos con enorme territorio marítimo.
Entre los últimos fracasos, en ese sentido, están los del gobierno de Evo Morales Ayma, cuando se tomó la errada decisión de recurrir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, para que obligue a Chile a atender nuestra demanda marítima. A pesar de que por una deficiente gestión el fallo nos fue adverso, poco después ese mismo gobierno hizo llegar a la CIJ un reclamo por el uso irregular de las aguas del manantial Silala por parte de los chilenos. Lamentablemente, por fallas legales, también la sentencia fue contra Bolivia. Lo peor es que hasta ahora no hay una investigación para conocer a los responsables de tales equivocaciones y las pérdidas económicas asumidas por el Estado Plurinacional.
Sin embargo, con el fallo de la CIJ, de octubre de 2018, de ninguna manera fue resuelto el problema marítimo. Como expertos han señalado, ese tribunal internacional se ha limitado a determinar que Chile no tiene la obligación legal de negociar una salida soberana al mar para Bolivia. Pero no emitió alguna resolución sobre el derecho boliviano al mar, tampoco sobre el conflicto territorial pendiente entre Chile y Bolivia.
Y la sentencia final plantea que, “si bien las distintas aproximaciones boliviano-chilenas no generaban obligación legal de negociar, fueron políticamente importantes para encontrar una solución definitiva al diferendo marítimo”. Además, el fallo aclara que no excluye a Bolivia y Chile de seguir las negociaciones para solucionar el enclaustramiento geográfico boliviano.
Finalmente, corresponderá a un nuevo gobierno impulsar nuestra demanda marítima, en primer lugar, asumiendo medidas para contar con una Cancillería institucionalizada, con una diplomacia vigorosa y con amplio conocimiento del tema.
Volver al mar es un derecho irrenunciable
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