La ironía es que cualquier ciudadano que intente hacer lo mismo podría ser acusado de fomentar el mercado negro. Pero si lo hace el gobierno, es simplemente «una estrategia innovadora de pagos internacionales».
¡Qué innovación! en un giro inesperado, pero completamente predecible, el gobierno ha encontrado una manera de eludir el sistema financiero tradicional sin admitirlo oficialmente: la compra y uso de criptomonedas. Porque, claro, cuando la economía colapsa y las reservas de divisas se evaporan, la solución más lógica es sumergirse en un mercado que permite transacciones sin trazabilidad clara y con amplia flexibilidad para… digamos, interpretaciones creativas de la ley.
La reciente Resolución Ministerial N° 055 autoriza a empresas y entidades públicas a obtener y transferir «activos virtuales» para el pago de obligaciones en moneda extranjera. ¿Qué significa esto? Que el Estado podrá comprar criptomonedas para pagar a proveedores y, de paso, encontrar un atajo a las restricciones del sistema cambiario. O, dicho de otra manera, el gobierno ha decidido jugar con las mismas herramientas que antes tachaba de especulativas, peligrosas y desestabilizadoras.
El documento establece que se utilizarán stablecoins (monedas digitales atadas a un activo estable como el dólar) para estas transacciones. En teoría, esto suena bonito y ordenado, pero en la práctica plantea un sinfín de preguntas: ¿Quién regulará estas operaciones? ¿Cómo se elegirá a los proveedores de criptoactivos? ¿Quién garantizará la transparencia en el proceso? Porque si hay algo que caracteriza a la administración pública, es su absoluta pulcritud en la gestión de recursos, ¿o no?
Además, al permitir que las empresas estatales compren criptomonedas con bolivianos para luego intercambiarlas por dólares, el gobierno está creando un mercado paralelo sin llamarlo así. La ironía es que cualquier ciudadano que intente hacer lo mismo podría ser acusado de fomentar el mercado negro. Pero si lo hace el gobierno, es simplemente «una estrategia innovadora de pagos internacionales».
El otro punto interesante es la exención de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios en estas transacciones. Es decir, las empresas públicas podrán comprar y vender criptomonedas sin los controles habituales, lo que abre la puerta a todo tipo de maniobras: sobreprecios, lavado de dinero, triangulaciones extrañas… todo con el elegante barniz de la legalidad.
Así que ahí lo tienen. Mientras el ciudadano común lucha con un tipo de cambio rígido y restricciones bancarias, el Estado se da el lujo de navegar las aguas del mercado cripto con total impunidad. La línea entre lo legal y lo ilegal nunca ha sido tan delgada. Pero tranquilos, seguro que todo esto es por el bien del país y no para seguir exprimiendo hasta el último centavo de una economía que ya está en cuidados intensivos.