Bolivia se desploma al puesto 164 de 176 países en el Índice de Libertad Económica 2025, según The Heritage Foundation, posicionándose como el país con menor libertad económica en la región.
Con una puntuación de 44,1 puntos, la economía boliviana se clasifica como “reprimida”, muy por debajo del promedio mundial (59,7 puntos) y regional (59,4 puntos), debido a graves problemas estructurales e institucionales.
El informe destaca que la injerencia política en el sistema judicial, la corrupción generalizada y la debilidad del Estado de Derecho son los principales obstáculos para la libertad económica en el país.
En los últimos 27 años, Bolivia ha experimentado un retroceso del 36% en su libertad económica, cayendo desde un máximo de 68,8 puntos en 1998, lo que evidencia un deterioro constante.
El estudio señala que la creciente intervención estatal en la economía, un código laboral obsoleto y los controles de precios agravan la situación.
El documento identifica contradicciones en los indicadores de carga fiscal alta (88,8 puntos); salud fiscal baja (4,4 puntos) y la libertad monetaria alta (70,6 puntos), en contraste con la actual escasez de dólares, los derechos de propiedad limitados (19,9 puntos) y la libertad de inversión limitada (15 puntos)
Consultado sobre el tema, el analista económico, Fernando Romero, dijo que, según este estudio, los fundamentos de la libertad económica en Bolivia siguen gravemente obstaculizados por problemas estructurales e institucionales.
“La creciente presencia del Estado en la actividad económica ha alejado a la economía cada vez más de la apertura del libre mercado”, indicó.
En general, agregó, el nivel de libertad de las empresas sigue siendo bajo, el código laboral es anticuado, gravoso y el Gobierno mantiene controles sobre los precios de productos como el azúcar, el maíz y el pan; sin olvidar un sistema de tipo de cambio fijo asfixiante sobre el dólar y las reservas internacionales, y una subvención a los carburantes cada vez menos sostenible en términos de liquidez de divisas.
“Con normas anticuadas, instituciones al servicio del gobierno de turno, donde año a año el común denominador son los paros y bloqueos nacionales de índole incluso político, ha ahuyentado los capitales nacionales y extranjeras, donde evidentemente no encuentran en Bolivia ningún tipo de seguridad económica y jurídica para invertir”, aseguró Romero.
Será tarea del nuevo Gobierno mejorar este y otros indicadores económicos, políticos y sociales del país, lo cual amerita un cambio estructural de fondo en temas laborales, económicos, políticos e institucionales sin duda, que reencaminen a Bolivia y lo saquen de la actual crisis que vive, concluyó.