Ante la presencia de una secta religiosa hindú liderada por un estafador internacional, la directora de Migración, Katherine Calderón, confirmó ayer la expulsión de 20 ciudadanos extranjeros que habitaban en tierras indígenas de Beni y en la ciudad de Santa Cruz desde noviembre del año pasado.
“Se ha podido efectivizar la salida obligatoria de estas personas pertenecientes a este grupo y que los mismos ya no se encuentran en territorio nacional. Esta secta ha llegado a nuestro país y ha tratado de vulnerar la buena fe de nuestra población indígena. A través de una orden, la Dirección de Migración ha intervenido en este caso en diferentes lugares del país”, señaló Calderón en declaraciones a la prensa.
La autoridad migratoria explicó que los supuestos adeptos de la “secta” de Kailasa ingresaron con fines turísticos en diferentes puntos y fechas, intentando acercarse a la población cayubaba con engaños para establecerse en sus tierras y beneficiarse de ellas.
En un primer operativo, tres personas fueron encontradas en territorio del pueblo cayubaba, en Beni, quienes el fin de semana fueron trasladadas desde Exaltación hasta la ciudad de Trinidad y luego a Santa Cruz para ser notificadas con la expulsión del territorio nacional.
Luego, en un segundo operativo efectuado en Santa Cruz, se encontró a otras 17 personas -de nacionalidades china, india, sueca, estadounidense, inglesa, alemana y portuguesa- al interior de un domicilio en pleno centro de la ciudad, quienes también fueron expulsadas, según manifestó la titular de Migración. Estas personas habrían ingresado desde noviembre de 2024, precisó.
“Al evidenciar que estos ciudadanos no cumplen con el objeto de su ingreso a nuestro territorio, se ha procedido a la emisión de la salida obligatoria, ordenando el abandono del país de manera inmediata”, agregó Calderón.
Asimismo, agregó que un consorcio jurídico cruceño, en defensa de los extranjeros, interpuso ante la justicia una Acción de Libertad bajo el argumento de que Migración estaría vulnerando sus derechos. Sin embargo, en una audiencia efectuada el sábado, se negó la tutela de esta acción, determinando que la entidad estatal actuó “en pleno derecho” para controlar a la población extranjera en el país.
Calderón atribuyó la responsabilidad de dejar ingresar a estos extranjeros a “ciertos dirigentes” que habrían velado por sus intereses: “El problema fue el mal manejo que han tenido ciertos dirigentes de cayubaba para hacer ingresar a estas personas ajenas a su población y buscar beneficios propios a cambio de la integridad de la población originaria”.
CASO KAILASA
El periódico cruceño El Deber reveló que al menos tres pueblos indígenas bolivianos firmaron acuerdos de “arrendamiento perpetuo” de miles de hectáreas de tierras fiscales, a cambio de rentas anuales, a supuestos delegados del estado ficticio denominado Estados Unidos de Kailasa, no reconocido internacionalmente y sin territorio existente.
Según la investigación, los documentos fueron firmados entre septiembre y noviembre de 2024 e incluyen territorios de las naciones originarias baure, cayubaba y esse ejja, ubicadas en Beni y Pando.