La Constitución Política del Estado establece en el Artículo 374. III que “Las aguas fósiles, glaciales, humedales, subterráneas, minerales, medicinales, y otras son prioritarias para el Estado, que deberá garantizar su conservación, protección, preservación, restauración, uso sustentable y gestión integral, son inalienables, inembargables e imprescriptibles”. Sin embargo, las inundaciones están vinculadas a la minería ilegal que causa daño, porque contamina los ríos y con ello causa muerte de indígenas. No hay políticas de “prevención”.
Según el informe del Banco Interamericano de Desarrollo de 2017, las inundaciones son el fenómeno natural más frecuente en Bolivia. Este hecho adquiere relevancia, dado que más del 40% de la población reside en áreas susceptibles a este tipo de eventos. Las inundaciones conllevan importantes pérdidas económicas, particularmente en lo que respecta a infraestructura y producción agropecuaria, con consecuencias desastrosas. Es el resultado de la deforestación y los cambios en el uso de la tierra, que desestabilizan el suelo, las infraestructuras humanas que impiden el drenaje natural del agua, los patrones meteorológicos.
Han MUERTO 42 personas y 31.000 familias han resultado afectadas por las lluvias en Bolivia. En el departamento de La Paz, 23.373 familias afectadas o damnificadas, es el 80 % del total nacional. Pese a las peticiones de la ciudadanía para que La Paz sea declarada en situación de desastre, se descartó tomar esa medida, la misma situación sufre el municipio de Cobija, en la Amazonía boliviana y fronterizo con Brasil.
La principal causa de las inundaciones, es la explotación MINERA del oro, que afecta la superficie terrestre, contamina el aire, los suelos, el agua superficial y los acuíferos subterráneos, produce alteraciones en el microclima, afecta la flora y la fauna local y genera impacto durante y post explotación, deteriorando la salud de las personas. La minería altera el cauce de los ríos y socava el suelo, aumenta la erosión y los sedimentos en suspensión en el agua, genera problemas de drenaje ácido de mina. Puede generar ruptura de embalses de relaves, contamina el aire, los suelos, el agua superficial. Afecta la flora y la fauna, genera impacto escénico durante y post explotación, contamina el agua con metales pesados. Reduce la cantidad del agua en las cabeceras de quebradas y ríos, entre otros, Causa la degradación del medio ambiente, el calentamiento del planeta, comunidades se ven desplazadas de su lugar de origen, con pérdida de medios de subsistencia, como pérdida de biodiversidad. Afecta la flora y fauna, contamina el suelo con metales pesados. Tales actividades afectan severamente a 1.200 familias, desde diciembre de 2024.
Las cooperativas mineras que explotan oro aportan SOLO 2.5% en regalías y no pagan impuestos. En el país se estableció que el oro tiene una alícuota del 7% como máximo, pero lo real es del 4% si es que la cotización es igual o mayor a 700 dólares la onza troy, que hoy se cotiza en 4.000 dólares.
Estas inundaciones y deslizamientos de tierra en las carreteras, han ocasionado que el transporte de alimentos se paralice. Hay un creciente riesgo de una crisis ALIMENTARIA severa, derivada de la escasez de combustibles, la falta de dólares en circulación. Pero las autoridades ante la crisis solo emiten discursos políticos y responsabilizan a distintos productores, en lugar de ofrecer soluciones concretas.
Solo permitieron la importación de carburantes por parte del sector privado, lo que ocasionaría el posible incremento en los precios, que afectará a los consumidores y generará más protestas. Y también se perjudicará a los productores, por el contrabando que el gobierno NO controla.
Ante la crisis, el gobierno boliviano ha decidido practicar un método, ocultar la realidad y dar soluciones hipotéticas, con un optimismo que desafía las leyes de la economía. Debido a la falta de dólares, la dependencia extrema de importaciones y una política energética diseñada con el rigor de una bola de cristal, Arce sigue con su discurso de que “NO hay crisis, es temporal”, mientras que el soberano sufre por el incremento de los precios y, peor aún, hace largas filas para adquirir alimentos, con control, como en Cuba.
La autora es Abogada, Economista, ex Asambleísta Constituyente.