La práctica de la ética en el contexto actual de Bolivia se encuentra en un estado crítico, reflejando una sociedad marcada por profundas desigualdades, una economía debilitada y una política polarizada y corrupta. La ética, entendida como el conjunto de principios que guían las acciones hacia lo correcto, parece haber sido olvidada en muchos sectores. En un entorno donde predominan los intereses individuales y partidistas sobre el bienestar colectivo, es esencial reflexionar sobre cómo restaurar los valores éticos para construir una sociedad más justa y equitativa.
La crisis económica, caracterizada por la inflación y la escasez de dólares, ha puesto a millones de ciudadanos en una situación precaria, luchando por satisfacer sus necesidades básicas. En este contexto, los líderes políticos han demostrado una alarmante falta de responsabilidad al ignorar los problemas estructurales del país. El partido gobernante, que se presentó como defensor de las mayorías, ha perdido credibilidad debido a su incapacidad para atender las demandas sociales. La población está cansada de liderazgos que, en las últimas dos décadas, han priorizado sus intereses personales bajo el discurso de representar al pueblo.
La polarización política que dividió a Bolivia ha comenzado a desmoronarse ante la magnitud de la crisis económica. Sin embargo, esta despolarización no ha fortalecido el debate ético en el ámbito público; más bien ha dejado un vacío donde las promesas vacías y los discursos populistas siguen siendo comunes para captar apoyo ciudadano. Los actores políticos parecen más preocupados por mantener su poder que por ofrecer soluciones éticas y sostenibles a los problemas del país, lo que refleja una desconexión profunda entre ellos y las necesidades reales de la población.
La falta de ética es evidente no solo en la política, sino también en otros ámbitos de la sociedad boliviana. El clientelismo, el nepotismo y la corrupción son prácticas generalizadas que han erosionado la confianza en las instituciones públicas. En lugar de promover una cultura del mérito y la transparencia, muchos funcionarios utilizan sus posiciones para beneficiar a allegados o enriquecerse personalmente. Esta conducta perpetúa las desigualdades sociales y económicas y refuerza la percepción de impunidad entre aquellos ciudadanos que intentan actuar con integridad.
En este contexto, es relevante retomar las reflexiones éticas planteadas por José Ramón Ayllón en «Aprendamos Juntos 2030«. Ayllón sostiene que la ética no es una ciencia exacta, pero ofrece principios fundamentales como la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza que pueden guiar las acciones hacia el bien común. Estos valores son especialmente pertinentes en nuestra coyuntura, donde muchas decisiones políticas están motivadas por intereses personales en lugar de un compromiso genuino con el bienestar colectivo. La falta de prudencia en la gestión económica se manifiesta en medidas improvisadas que agravan los problemas financieros.
La justicia también parece ausente en muchas decisiones gubernamentales. Las políticas públicas a menudo favorecen a ciertos sectores o regiones, generando resentimiento y división social. Esto dificulta la construcción de un proyecto nacional inclusivo. La fortaleza moral es otro valor escaso entre muchos líderes políticos; muchos optan por soluciones fáciles o populistas que solo agravan los problemas a largo plazo.
La educación ética es crucial en este escenario. Como señala Ayllón, «la auténtica educación es una educación de la libertad«, lo que implica enseñar a las nuevas generaciones a tomar decisiones responsables basadas en principios éticos sólidos. Sin embargo, el sistema educativo boliviano enfrenta limitaciones significativas para cumplir con esta tarea. La falta de recursos e infraestructura adecuada, sumada a posibles deficiencias en la formación ética y el compromiso de los docentes, podría limitar la capacidad del sistema educativo boliviano para formar ciudadanos críticos y comprometidos con el bien común.
La conciencia moral colectiva también está influenciada por factores externos como modas sociales o presiones grupales. En nuestro país, muchas prácticas culturales pueden ir en contra de principios éticos universales; por ello, es vital promover una reflexión crítica sobre lo que significa actuar éticamente. Por ejemplo, el clientelismo político puede ser visto como algo normal o necesario en ciertos contextos locales, pero estas prácticas perpetúan sistemas injustos que perjudican al país.
El Estado tiene una responsabilidad fundamental, para promover valores éticos mediante políticas públicas efectivas. Sin embargo, muchos ciudadanos sienten que el gobierno no actúa en su beneficio ni respeta su dignidad como personas. Esta desconexión entre gobernantes y gobernados refuerza el sentimiento generalizado de desconfianza hacia las instituciones públicas. Para superar esta crisis ética, es necesario implementar programas educativos enfocados en valores cívicos desde una edad temprana y fomentar una mayor participación ciudadana, como mecanismo para exigir rendición de cuentas.
La práctica ética debe ser central para cualquier proceso político efectivo en Bolivia. Esto implica no solo respetar los principios fundamentales mencionados anteriormente, sino también garantizar transparencia y coherencia entre palabras y acciones. Los líderes políticos deben entender que su legitimidad depende no solo del apoyo popular momentáneo sino también del cumplimiento ético de sus promesas. Solo así se podrá construir un futuro más justo e inclusivo para toda nuestra sociedad.
El autor es Docente de Pregrado UPEA, Profesional de Turismo y Relaciones Internacionales.