El MAS buscará sabotear las elecciones generales

Tras la determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que dejó sin efecto la convocatoria a sesión de Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) presidida por Andrónico Rodríguez en junio de 2024, declarando la nulidad de la ley para cesar de sus funciones a los magistrados “autoprorrogados”, la asambleísta nacional por La Paz, María Elena Pachacute, adelantó que el masismo buscará sabotear las elecciones generales en coordinación con el Órgano Judicial.
En declaraciones a los medios de prensa, la legisladora de Comunidad Ciudadana (CC) advirtió que el proceder de instancias como el TCP demuestra los serios riesgos que existen para la realización de los comicios generales previstos para agosto próximo.
“El Movimiento al Socialismo (MAS) va buscar sabotear las elecciones generales por un manejo político de más de 20 años. Aquí tenemos a los funcionales del Órgano Judicial que nuevamente han afectado la institucionalidad de la Asamblea Legislativa”, cuestionó Pachacute.
Asimismo, a tiempo de reprochar que esta reciente determinación del TCP haya definido priorizar intereses y conveniencia propia, antes que las necesidades y la demanda de todo un país, la legisladora de oposición aseveró que mientras los magistrados denominados “autoprorrogados” se mantengan en funciones, no existen las garantías para llevar adelante los comicios presidenciales 2025.
“Mientras estén los autoprorrogados no va haber elecciones generales, es más, se van a buscar todos los mecanismos para que el MAS siga en el poder”, adelantó.
La semana pasada, el Tribunal Constitucional Plurinacional decidió dejar sin efecto el cese de sus magistrados “autoprorrogados”, determinación tomada en la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional que fue convocada por el titular del Senado, Andrónico Rodríguez, en junio del año pasado.
En contrapartida, el TCP avaló parte de esa sesión, que supuestamente era nula, dando por válida la aprobación de un crédito internacional y el Decreto de Amnistía e Indulto presidencial.
El TCP notificó la sentencia 113/2024 mediante la cual se ratifica que Andrónico Rodríguez no podía convocar a esa sesión; pero en función de “un interés mayor”, se dan por válidos el crédito de 176 millones de dólares y el Decreto de Amnistía.
Según Pachacute, con esta determinación no solo se vuelve a afectar la institucionalidad del Órgano Legislativo, sino que se desconoce una sesión completamente legítima y legal, en la que se alcanzaron acuerdos para determinar el cese de magistrados que actualmente continúan en cargos de forma irregular, mientras se dan por validas otras normativas tratadas en un mismo encuentro bajo la excusa del “interés mayor”.
Dijo que con este tipo de acciones, el TCP se ha convertido en el “brazo operativo” de la actual administración, siendo esa la razón para que desde el Gobierno se apueste por mantener la “autoprórroga” a toda costa, emulando a otros regímenes autoritarios que se apoyan en una justicia corrupta para no salir del poder.