Según informaciones internacionales, en varios países donde impera el populismo, las empresas creadas por el Estado funcionan a pérdida por diversas dificultades, entre ellas los altos costos de sus productos, debido a la ineficiencia administrativa y sobreviven con ayuda financiera y técnica interna.
En nuestro país, esa tendencia de crear empresas públicas deriva de teorías económicas formuladas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que las impulsó desde 1930 hasta 1980, aproximadamente. Este modelo estatista produjo algunos resultados positivos en Brasil, Argentina y México, sin embargo, fracasó en otros países.
Antes de los gobiernos masistas, que comenzaron en el año 2006, esa política económica dirigida a crear empresas públicas también fue aplicada en Bolivia, entre 1936 a 1985, mediante el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), sin resultados positivos. Tales entidades públicas fueron deficitarias, generaron corrupción y ocasionaron enormes pérdidas económicas para el país. Con el Decreto Supremo 21.060 de 1985, durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, algunas de esas empresas fueron “capitalizadas”, en varios casos con éxito.
Sin embargo, sin evaluar los grandes fracasos de empresas estatales en el pasado, el MAS al llegar al poder insiste en el error y los resultados fueron peores que los obtenidos en anteriores oportunidades. En los últimos meses, cuando la crisis económica se intensifica, ante la escasez, en un caso, de alimentos, el gobierno de Luis Arce adopta la política de crear más plantas estatales, por ejemplo, para producir aceite y crear una industria avícola en La Paz.
En ese sentido, el actual gobierno evista anunció una serie de empresas estatales de altos costos, que no funcionaron o lo hacen en niveles mínimos y con pérdidas, en todos los casos. Al respecto, basta mencionar que la planta azucarera de San Buenaventura (EASBA), instalada en un lugar sin suficiente caña de azúcar, causa pérdidas millonarias y es muestra de deficiente planificación. La planta de urea de Bulo Bulo, sin la infraestructura que necesita, con frecuencia interrumpe sus operaciones, causando grandes pérdidas económicas.
Como los casos mencionados de empresas estatales, hay muchos más, cuyos déficits agravan la crisis económica actual.
A pesar de ello, surgen declaraciones demagógicas, como la de un ex Ministro del Desarrollo Productivo y Economía Plural, que sostuvo que “en dos años y medio de gestión, el gobierno implementa 47 plantas con una inversión de 7.5 millones de bolivianos”. Agregó que la industrialización en el sector del desarrollo productivo generaría miles de empleos directos e indirectos. Pero, tan optimistas ofrecimientos, que crearon ilusiones en la opinión pública, fueron rebatidos por la realidad, es decir por un rotundo fracaso.
Lo peor es que las empresas públicas no dan a conocer sus estados financieros, lo que impide conocer la cantidad exacta de las pérdidas económicas que ocasionan.