Al afirmar que existe cansancio en la población ante el abuso de autoridades que desvían fondos públicos para campaña electoral, el senador por Creemos, Erick Morón, planteó elevar a rango de ley el Decreto Supremo 4159 que prohíbe el mal uso de bienes y recursos del Estado, en procura de evitar el uso de la gestión pública para hacer campaña proselitista.
Morón aseguró que el objetivo de su propuesta es evitar que recursos públicos sean usados en una campaña electoral, tomando en cuenta que el país se prepara para la realización de elecciones presidenciales, en la presente gestión, y comicios subnacionales en 2026.
“Este proyecto de normativa prohíbe el mal uso de recursos y funcionarios públicos del gobierno nacional, además de instancias departamentales y municipales. Estamos cansados que en cada acto de entrega de obras públicas, se utilice recursos del pueblo boliviano y que las autoridades tengan que poner su cara, como si fuera de ellos, si quieren hacer campaña que usen su plata o la de sus partidos”, sostuvo.
En criterio del senador, con la elevación de este Decreto Supremo a “rango de ley”, quedará terminantemente “prohibido y sancionado” que autoridades de cualquier nivel de gobierno utilicen recursos y funcionarios públicos para la realización de actos proselitistas o se destinen bienes y vehículos de propiedad del Estado boliviano para campañas o propaganda política.
Con una ley que prohíba el mal uso de recursos y bienes públicos –dijo– se podrá garantizar una campaña electoral transparente en la que todos los candidatos participen en igualdad de condiciones, asimismo, se evitará que autoridades abusen de la gestión y la entrega de obras para promocionar su imagen.
“Con esta ley, vamos a tener una competencia democrática, transparente y sana entre todos los frentes políticos que quieran competir y esto no va a complicar a una sola autoridad en particular sino que va ser para todos”, agregó.
Respecto a las sanciones contra quienes vulneren la normativa, el senador de oposición aseguro que estas ya se encuentran contempladas en los códigos Civil y Penal de la normativa nacional vigente, en los artículos que hacen referencia al mal uso de bienes del Estado.
“Si quieren hacer campaña política, que usen su plata o la de su partido, y no la de los bolivianos. Se vienen competencias electorales nacionales, departamentales y municipales, es mejor tener las cosas claras para que tratemos de tener una competencia libre y democrática, sin meter la mano al bolsillo del pueblo boliviano”, concluyó.
En febrero del 2020, la presidenta Jeanine Añez promulgó el Decreto Supremo 4159, con el que se prohíbe el uso de vehículos, aeronaves, embarcaciones y otros medios de transporte oficiales del Estado en actos proselitistas, además instruye que no se puede hacer campaña en jornada laboral ni utilizar recursos públicos para la difusión de propaganda electoral por cualquier medio de comunicación masivo o interactivo estatal, entre otras disposiciones.
En su momento, estas prohibiciones fueron calificadas como “redundantes” y una maniobra del gobierno transitorio para demostrar una actitud de transparencia, tomando en cuenta que la Ley de Régimen Electoral y la propia Constitución Política de Estado prohíben el uso de recursos económicos del Estado para campañas electorales.