El Gobierno estima la liberación de hasta 2.500 privados de libertad con la recién promulgada Ley de Amnistía e Indulto Presidencial, en vista de que la cantidad de reclusos se ha duplicado desde el inicio de su gestión.
“(Al inicio de mi gestión, en 2021) he recibido los 49 centros penitenciarios con 18.000 privados de libertad, (…) pero actualmente tenemos (más de) 30.000. Casi hemos duplicado la cantidad de internos durante estos cuatro años; por tanto, la situación actual es insostenible”, declaró el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, a radio Fides.
El presidente del Estado, Luis Arce, promulgó el Decreto Presidencial 5137 de Concesión de Amnistía e Indulto Por Razones Humanitarias, el cual, en su quinto artículo, establece las condiciones para conceder una amnistía a un privado de libertad. Esta medida busca reducir el hacinamiento en las cárceles bolivianas.
Estas condiciones son que el recluso haya cumplido detención preventiva por un periodo equivalente al de la pena máxima del delito por el cual está imputado; que la cumpla por el tiempo de pena establecido en la sentencia condenatoria, antes de que haya sido ejecutoriada; y para quienes cuya detención exceda el tiempo de duración del proceso penal, que no cuenten con sentencia ejecutoriada y sean varones mayores de 58 años o mujeres mayores de 55 años.
Asimismo, podrán beneficiarse mujeres gestantes o en periodo de lactancia con un hijo o hija menor a un año de edad, personas con acreditada discapacidad grave o muy grave, personas con insuficiencia renal y enfermedades oncológicas en estado terminal o que necesiten atención médica, debidamente certificadas.