Crédito para saneamiento de tierras genera rechazo

Los parlamentarios de oposición rechazan la aprobación legislativa de un crédito de $us 40 millones, tramitado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), porque consideran que tiene como único objetivo incentivar el tráfico de tierras en el oriente boliviano y la destrucción de las áreas de producción de alimentos, bajo el argumento del saneamiento de tierras, promovido por el Gobierno.
A través de un pronunciamiento público denominado “No al endeudamiento para el tráfico de tierras y la destrucción de la propiedad privada y la producción”, los senadores Centa Rek, Erik Morón y Walter Justiniano, además de los diputados María René Álvarez, Mayra Zalles, Haydi Muñoz, Priscila Dantes, Elena Pachacute, Erika Chávez, Luciana Campero, Verónica Aguilera, Daniel Prieto, José Ormachea y Alberto Astorga, expresaron su rechazo y cuestionamientos a un proyecto de normativa que, en septiembre de 2024, fue rechazado por el pleno de Diputados y repuesto en la presente gestión.
“Los parlamentarios nacionales que suscribimos manifestamos nuestro firme rechazo a la aprobación del crédito externo de $us 40 millones gestionado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) bajo el programa denominado “Programa Boliviano de Administración de Tierras para el Desarrollo Rural Sustentable”, actualmente en la agenda de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, señala parte del pronunciamiento.
Al respecto, la senadora Centa Rek expresó que sería un error histórico y una traición por parte de los parlamentarios de oposición, en especial de los representantes del oriente boliviano, aprobar dicho crédito por $us 40 millones, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), porque serían “utilizados para profundizar la crisis, fomentar el despojo de tierras y debilitar el sector productivo”.
Asimismo, afirmó que el INRA se ha convertido en un brazo operativo de los denominados “interculturales”, en la toma de tierras en el oriente boliviano, por lo que es imperativo que se detengan las políticas que atentan contra la seguridad jurídica, la empresa privada, los productores y los indígenas originarios, quienes aún no han recibido las tierras que les corresponden y, lo que es peor, son despojados de sus tierras ancestrales.
En el pronunciamiento, los parlamentarios de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) resaltan que “sea el próximo gobierno quien redireccione las políticas de tierras con criterios de legalidad, justicia y sobre todo transparencia”, por lo que reiteraron su rechazo a dicho crédito.