El Órgano Judicial tiene por finalidad conocer y resolver las controversias de los ciudadanos, que afectados en sus derechos demandan justicia. Es decir que la meta de ese importante órgano es administrar justicia, ajustándose a las normas jurídicas. Para ello el sistema jurídico debería dar todas las condiciones, a fin de que las partes en conflicto tengan la seguridad de ser escuchadas en sus planteamientos, con absoluta imparcialidad y legalidad.
En nuestro medio, se ha establecido como práctica de defensa, que cuando una persona denuncia la comisión de un delito –pues la ley determina que toda persona está obligada a denunciar y más aún si el acto delictivo afecta sus derechos–, la parte denunciada, consciente de su delito, como medida de defensa, inicia juicios por todo y nada contra el denunciante y víctima. Se trata de conseguir la “impunidad”, pues la víctima, al verse envuelta en varios procesos judiciales, se ve obligada a transar o dejar de lado sus derechos vulnerados.
Lamentablemente, esta forma de defensa que ponen en práctica algunos abogados, como “mala praxis jurídica”, es aceptada por algunos jueces y fiscales, que lejos de aplicar la ley y la razón del derecho, se prestan a esta conducta que se la ha denominado “terrorismo judicial”, la que solo tiene por finalidad, burlar la justicia. En algunos casos, los “terroristas judiciales” ya fueron sentenciados, lo que significa que se probó la comisión de algún delito, pero luego aparecen como denunciantes.
No cabe duda que uno de los problemas de la crisis institucional del Estado boliviano, es la ausencia de una justicia cabal y cierta, que garantice el “estado de derecho”. Es decir que, en la sociedad organizada en Estado, se garantizan los derechos de los ciudadanos a través de la aplicación de la ley y solo de la ley, por encima de instrucciones del poder político y peor aún de la prebenda monetaria.
En una sociedad organizada, el aparato de justicia, no solo conoce y resuelve las controversias judiciales, sino que es un mecanismo de garantía de los derechos de los individuos, que son uno de los componentes de los elementos del Estado, junto al territorio y gobierno. Es más, el Estado tiene como finalidad el “bien común” de la población, el bien de todos, sin distinción alguna. Y en ese bien común, está el derecho a la justicia.
Como política de Estado, el gobierno que lo ejerce, los poderes u órganos del Estado, deben garantizar a los pobladores sus derechos establecidos en las normas, comenzando por la Constitución Política del Estado (CPE). Los derechos fundamentales, como el acceso a la justicia, deben ser garantizados y respetados en todos los ámbitos del Estado, y de su aparato administrativo. Es que, para que funcione ese aparato, los ciudadanos aportan con tributos, impuestos, tasas etc., de tal manera que el respeto a los derechos individuales, es una obligación del Estado.
En unos meses, los ciudadanos vamos a acudir a las urnas, para elegir un nuevo gobierno que emerja del voto libre. Ese nuevo gobierno tiene entre sus tareas principales y prioritarias, además de encarar y resolver el cuadro de deterioro económico y sus secuelas, la de establecer un sistema de justicia, que sea digno de llamarse tal. De tal suerte que el ciudadano común, tenga confianza en acudir al mismo en demanda de sus derechos vulnerados por otros individuos o el poder, sin resquemores y seguro de ser escuchado y atendido en justicia.
Para una buena justicia no bastan buenas leyes, sino buenos jueces, que accedan a esas funciones tan delicadas, donde son ventilados asuntos de interés particular y colectivo, que solo con la aplicación de la ley deben resolverse, no por el “aval político”, sino por el aval de los méritos profesionales y personales. Ya el que fue insigne jurisconsulto español Ángel Ossorio y Gallardo dijo sobre los abogados, en su libro “El Alma de la Toga”: “la abogacía no se cimienta en la lucidez del ingenio, sino en la rectitud de la conciencia”.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.