La desconfianza generalizada hacia los políticos es como un fenómeno complejo y arraigado, producto de una intrincada interacción de factores históricos, sociales y políticos que han moldeado la cultura política del país. Esta percepción negativa se manifiesta en la reticencia de ciudadanos íntegros a involucrarse en la política, así como en la tendencia de aquellos que ya están inmersos en el sistema a sucumbir ante prácticas corruptas.
La historia reciente de Bolivia ha sido marcada por escándalos de corrupción, abusos de poder y conflictos políticos destructivos, los cuales han erosionado profundamente la confianza pública. La percepción predominante es que los políticos priorizan sus intereses personales sobre el bienestar colectivo, minando significativamente la credibilidad de las instituciones políticas. Esta percepción se ve reforzada por la falta de transparencia en la gestión pública y la impunidad frente a actos de corrupción.
Un ejemplo notable de este fenómeno es la actual controversia en torno a Evo Morales y sus seguidores, quienes argumentan un supuesto “derecho humano” a la presidencia. Estas disputas, lejos de generar simpatía, provocan un creciente rechazo en la población. Tales conflictos no solo afectan la gobernabilidad, sino que también crean un ambiente hostil para aquellos que desean participar honestamente en la política. La polarización política extrema ha fragmentado el tejido social y dificulta la construcción de consensos.
A pesar de los esfuerzos por implementar mecanismos de control y transparencia, la falta de sanciones verdaderas para los servidores públicos corruptos ha perpetuado un ciclo vicioso. La percepción de que la corrupción queda impune desalienta a ciudadanos honestos de postularse a cargos públicos, temiendo comprometer su integridad en un entorno donde la corrupción parece ser endémica. La falta de independencia del sistema judicial y la politización de las instituciones contribuyen a esta percepción de impunidad.
Nuestra política a menudo se centra más en personalidades y luchas de poder que en objetivos y políticas públicas concretas. Esta dinámica crea un ambiente donde escasean los debates constructivos y las personas con principios se sienten marginadas. La ausencia de “espacios institucionales acogedores” para el desarrollo político y la unidad dificulta la motivación ciudadana para participar. La falta de canales de participación ciudadana efectivos y la exclusión de ciertos sectores de la población agudizan esta situación.
Quienes deciden entrar en la política frecuentemente se enfrentan a un dilema ético. Las presiones del entorno político, como la necesidad de formar alianzas cuestionables o la aceptación tácita de prácticas corruptas, pueden llevar, incluso a los individuos más idealistas, a comprometer sus valores. Esta dinámica sugiere que los nuevos políticos, en su intento por adaptarse, pueden terminar reproduciendo las mismas prácticas corruptas que inicialmente criticaron. La falta de formación ética y de liderazgo en los partidos políticos contribuye a este problema.
Cabe preguntarse si los políticos son simplemente un reflejo de la sociedad en general. No son seres de otro planeta, sino individuos susceptibles a la corrupción. ¿Es posible que la debilidad en los principios éticos sea un problema más amplio en la sociedad? ¿Por qué nuestro país parece generar políticos de esta índole? La falta de una cultura de valores sólidos y la influencia de patrones culturales que priorizan el beneficio personal sobre el bien común pueden ser factores determinantes.
La desconfianza hacia los políticos es un fenómeno complejo, alimentado por la corrupción, la impunidad y la falta de espacios para un diálogo constructivo. Para revertir esta situación, es fundamental:
• Fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas.
• Crear un entorno donde las personas honestas se sientan valoradas y motivadas a participar en la política.
• Fortalecer los mecanismos de control y sanción efectiva contra la corrupción.
• Promover una educación cívica que enfatice la importancia de los principios éticos en la vida pública.
• Promover la participación ciudadana en la toma de decisiones y el control social.
Solo a través de estos cambios será posible romper el ciclo de desilusión y corrupción que ha caracterizado a nuestra política y construir un futuro más prometedor para el país. El desafío radica no solo en reformar las instituciones, sino también en fomentar una transformación cultural que valore la integridad y el servicio público por encima del beneficio personal.
El autor es politólogo-abogado y docente universitario.
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