La Defensoría del Pueblo (DPB) expresó su creciente preocupación ante las muertes violentas registradas dentro de varios centros penitenciarios del país, remarcando que la pasividad de autoridades de seguridad penitenciaria permite que esta situación continúe en la impunidad.
“Con lo ocurrido en Oruro, ya son nueve las muertes violentas al interior de penales en lo que va del año. No podemos dejar que continúe la impunidad, así como la pasividad de las autoridades encargadas de administrar los centros penitenciarios.”, publicó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en la plataforma X.
Estas declaraciones de Callisaya hacen referencia al reciente hallazgo del cadáver de un privado de libertad en el centro penitenciario de San Pedro en Oruro, quien, según primeras pericias forenses, habría sido golpeado y ahorcado en un intento de fingir su asesinato como un suicidio. El hecho es investigado por la Fiscalía Departamental de esta ciudad.
El 2 y 3 de enero se reportó otros tres decesos de privados de libertad, a causa de apuñalamiento, en los centros de reclusión de Morros Blancos (Tarija), Chonchocoro (Viacha, en La Paz) y el Cerprom (Montero, en Santa Cruz).
Luego, el 12 de enero, ocurrieron dos fallecimientos en un hecho de feminicidio y suicidio en la cárcel cruceña de Palmasola; el 26 de enero, se reportó la muerte de otro interno por arma de fuego en Chonchocoro; y el 3 de febrero, en horas de la noche, se conoció el fallecimiento de dos privados de libertad, por arma punzocortante, en el mismo penal.
PROPUESTA
El Defensor recordó que la DPB, junto con organizaciones civiles, presentó una propuesta a la Dirección General de Régimen Penitenciario para afrontar la crisis del sistema carcelario, la cual incluye reformas y soluciones para problemas estructurales, entre ellas un proyecto de decreto de Amnistía e Indulto.
Entre estas iniciativas, se menciona la implementación de jornadas de descongestionamiento, la construcción y ampliación de infraestructura carcelaria con mano de obra propia y exámenes médicos obligatorios dentro de las primeras 48 horas de ingreso al centro penitenciario.
Se propone también clasificar y separar a los internos según la gravedad de sus delitos e impulsar nuevos programas de reinserción social.