Luego que un Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la Detención Arbitraria, concluyó que la detención del excívico cruceño Fernando Camacho es arbitraria, exhortando al Gobierno a proceder con su liberación inmediata, el ministro de Justicia, César Siles, indicó que el Estado boliviano no cumplirá con dichas recomendaciones por tratarse de un informe sesgado, parcializado y desactualizado.
La autoridad informó que el Gobierno solicitó la revisión del informe, aunque “no lo acepta, no lo admite y, considerando, además, que no es vinculante ni obligatorio no va a cumplir las recomendaciones emitidas”, aseguró Siles en declaraciones al canal estatal.
Además, anunció que, en coordinación con la Procuraduría General del Estado, y los ministerios de Relaciones Exteriores y de Gobierno, se preparan los argumentos para la solicitud de revisión del informe sobre la detención de Camacho por el caso Golpe de Estado I o los hechos que derivaron en la dimisión de Evo Morales.
El pasado viernes, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, concluyó que la detención de líder opositor Fernando Camacho, es arbitraria, por lo que exhortó al Gobierno de Luis Arce a liberarlo de manera inmediata.
Dicho documento sostiene que la privación de libertad del político viola “el principio de igualdad de los seres humanos” y que estuvo motivada por “su opinión política”, además, se señala que la detención del gobernador electo de Santa Cruz vulneró ocho artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y cinco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“Pide al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Camacho sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, señala el documento.
El Grupo de Trabajo concluyó que corresponde una liberación inmediata, además de garantizarle el derecho a una indemnización y otras formas de reparación conforme al derecho internacional. Por otro lado, instó al Gobierno de Bolivia a tomar las medidas necesarias para alinear la situación con las normativas internacionales, incluidas las establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Las conclusiones y recomendaciones de este estudio fueron remitidas a distintas relatorías especiales de la ONU, incluyendo las dedicadas a la protección del derecho a la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica y la independencia judicial.
Desde el equipo jurídico de la autoridad departamental se señaló que la resolución del Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas, tiene un carácter vinculante.
“El mandato del Grupo de Trabajo de la ONU es vinculante al amparo del concepto del ‘bloque de constitucionalidad’ reconocido en Bolivia, el cual incorpora los tratados internacionales de DDHH ratificados por el país al ordenamiento jurídico nacional”, aseveró el abogado Martín Camacho.
Por su parte, Human Rights Foundation, organización con sede en Nueva York y representante internacional ad honorem de Camacho como parte de su programa de litigio global, sostiene que las opiniones del grupo ya referido, tienen carácter vinculante, además de anunciar, para esta jornada, una conferencia de prensa junto a la familia del gobernador en la ciudad de La Paz.
El 28 de diciembre de 2022 en medio de un fuerte operativo policial qué se desplegó en la ciudad de Santa Cruz, uniformados vestidos de civil y armados interceptaron el vehículo en que la autoridad departamental se movilizaba, lo redujeron y lo trasladaron hasta la ciudad de La Paz.
Actualmente, el juicio de Camacho se encuentra en la etapa de declaraciones testificales de cargo y este lunes 31 de marzo comienza la etapa testifical de descargo, lo que implica que en los próximos días o semanas se concluya con el juicio oral público y contradictorio.