jueves, abril 3, 2025
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Urge cambiar Ley Electoral para frenar el carnaval de las encuestas

Willy Marcos Chipana Mamani

Hace poco, al abordar el minibús con destino a El Alto, desde la Plaza Pérez Velasco de la ciudad de La Paz, escuché conversar a una pareja acerca de quién ganará las elecciones presidenciales y pueda solucionar la crisis económica. Uno de ellos decía: “parece que ‘Tuto’ Quiroga va a ganar porque está primero en las encuestas”. En este sentido, me pregunté si las encuestas inducen al electorado a votar por uno u otro candidato y cuál es el peso que tienen.
En comunicación política, las encuestas son una de las técnicas para identificar el escenario en el cual se encuentran los candidatos en un proceso electoral, lo cual les permite, junto a otros instrumentos, implementar acciones tendientes a elevar la posición de uno u otro postulante. Las redes sociales en la actualidad se convirtieron en el mejor espacio para la difusión de las encuestas que pretenden informar con relación a la intención del voto del electorado.
Este tipo de trabajos puede tener una doble intención por parte de los equipos de campañas de los diferentes candidatos, en primer lugar, las encuestas pueden influir o dirigir a sectores vulnerables del electorado para que respalden a determinado candidato. Un resultado que se debe medir en función del cambio de conducta en los votantes, lo cual es digno de ser investigado por la comunicación política y la sociología electoral.
Segundo, el candidato puede encargar la realización de una encuesta con el objetivo de conocer en qué posición se encuentra, cuyos datos no son conocidos por el electorado, porque lo que se muestra al ciudadano de a pie son aquellos datos que los favorece. Las cifras generadas pueden establecer el máximo lugar al que pueden llegar los postulantes en una elección.
Por este motivo una encuesta de opinión debe tener consistencia metodológica, como el margen de error y de confianza, la muestra, el alcance del trabajo y quién lo firma, porque los resultados pueden ser realizados a gusto del cliente. Pues, en la actividad de la comunicación política no interesan los medios que sean aplicados, sino los fines que se buscan, y si para ello se inducirá al electorado para que apoye a un determinado candidato con encuestas falsas o verdaderas, se lo hará.
En este marco se desarrollará la encuesta para dirimir cuál de los candidatos del frente de unidad de la oposición, “Tuto” Quiroga o Samuel Doria Medina, tiene más apoyo. Pero la consulta será si el perdedor aceptará los resultados que se obtengan, a sabiendas que la realización de dicho trabajo es a pedido de un privado y no tendrá fiscalización o supervisión por parte de alguna institución especializada, como la carrera de Estadística de alguna universidad.
Empero, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) indicó que no supervisará la realización de dicha encuesta. El Artículo 132 de la Ley Electoral 026 establece que las empresas o instituciones que deseen realizar encuestas deben registrarse en el TSE hasta 30 días después de la convocatoria. La última disposición está refrendada en el Artículo 15 del “Reglamento de Elaboración y Difusión de Estudios de Opinión en Materia Electoral en Procesos Electorales, Referendos y Revocatorias de Mandato”.
Es necesario reiterar que otra estrategia de campaña común, no sólo en Bolivia, sino en varios países, es contar con el favor de algunos medios de comunicación privados o públicos que pueden tener intereses sociales, económicos o políticos, los cuales se convierten en canales de retransmisión de las encuestas y crean una realidad ficticia en el electorado. Asimismo, los resultados que benefician a uno u otro candidato pueden tener argumentos metodológicos, pero la finalidad es guiar la preferencia del electorado.
Entonces, la discrecionalidad en la elaboración de las encuestas es evidente, así como la falta de supervisión de los canales por donde se difunden los datos, como son los medios de comunicación, que en algunos casos pueden prestarse a determinados gustos, los cuales podrían ocultarse en la libertad de información sin responsabilidad
Es necesario modificar la Ley Electoral 026 para regular de manera eficaz la realización de las encuestas, con el objetivo de que se ajusten a los marcos metodológicos rigurosos, con la finalidad de que se acerquen a la realidad. Además, la supervisión debería alcanzar a los medios de comunicación públicos y privados, que comprenden los medios escritos, radiales, audiovisuales y digitales.
La supervisión de las encuestas durante todo el año debería estar bajo responsabilidad de las universidades e instituciones de profesionales especializados en estadística, quienes deberían dar su visto bueno a cada uno de los trabajos, con el “animus” de que cuenten con el rigor metodológico.

El autor es Periodista – Docente universitario.

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