Habiendo ingresado el juicio por el caso “Golpe de Estado I” a su etapa final, el ministro de Justicia, César Siles, ratificó que se tiene prevista la emisión de una sentencia dentro de las próximas tres semanas, pese a observaciones de un Grupo de Trabajo de Naciones Unidas.
“Van a comenzar con la prueba de reproducción audiovisual de algunos videos e información que han presentado el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno (…) y luego vienen los alegatos (y conclusiones) para una sentencia. Por eso, yo calculo de dos a tres semanas como máximo”, señaló el ministro de Justicia, César Siles, citado por la agencia estatal ABI.
Siles, quien antes de ser ministro ejerció como Procurador General del Estado, ratificó declaraciones emitidas el lunes por Rolando Condori, quien actualmente ocupa este cargo y quien ya había señalado que en este caso se espera la emisión de una sentencia dentro de unas dos o tres audiencias más.
“Estimamos que serán unas dos o tres audiencias más antes de que se dicte una sentencia”, explicó Condori el lunes, tras confirmar que se declaró un cuarto intermedio en la audiencia pública y el juicio se reanudará el jueves 10 de abril a las 10:00.
Ese mismo día concluyó la presentación de testigos de descargo del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, acusado de terrorismo, entre otros presuntos delitos. Aunque la semana pasada solicitó como testigos al presidente del Estado, Luis Arce, y a los exdignatarios, Evo Morales y Álvaro García Linera, su defensa legal finalmente los retiró por ya no considerar necesarios sus testimonios.
Siles también anunció que pedirá al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas (ONU) que revise y actualice su informe e incorpore pruebas contra Camacho que no se habían tomado en cuenta antes, como el hecho de que ya existe un juicio oral y contradictorio, según refleja Erbol.
El Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la ONU considera que Camacho fue detenido de manera arbitraria y que sus derechos humanos fueron vulnerados, por lo que recomendó que sea liberado y debidamente resarcido, toda vez que no existirían bases suficientes que justifiquen su detención y el juicio posteriormente llevado a cabo en su contra.
La defensa legal de Camacho señaló que esta decisión era vinculante y debía ser acatada por el Gobierno. Sin embargo, el Ministro de Justicia y el Procurador General rechazaron estas observaciones y señalaron que no eran vinculantes, puesto que existen otras instancias internacionales a las que el Estado debe regirse.
En contraparte, la defensa del gobernador anunció que presentará recursos judiciales para que se cumpla con las recomendaciones y se libere a Camacho, advirtiendo con procesos internacionales a todo funcionario que insista en mantenerlo detenido.
El juicio por el caso “Golpe de Estado I” fue iniciado por la exdiputada masista, Lidia Patty, en contra de Camacho y el excívico potosino, Marco Pumari, acusados por supuesto terrorismo, entre otros delitos, por los hechos acaecidos en 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la presidencia.
