El Gobierno de Paraguay llamó a consulta a su embajador en Brasilia, con el objetivo de esclarecer la situación en torno a un posible caso de espionaje por parte de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) a los sistemas del gobierno paraguayo entre junio de 2022 y marzo de 2023.
La polémica se desató, cuando un empleado de Abin afirmó en un comunicado remitido a la Policía Federal que la actual dirección del organismo llevó a cabo una operación de invasión en los sistemas paraguayos, incluido el Congreso y la Presidencia, y autoridades involucradas en negociaciones sobre la central de Itaipú.
Así, el Gobierno paraguayo lanzó un comunicado en el que informa de que, tras conocerse estos hechos, llamó a consultas al embajador paraguayo en Brasilia, Juan Ángel Delgadillo, para que «informe sobre los aspectos relacionados a la acción de Inteligencia en asuntos del Gobierno de Paraguay».
Además, las autoridades paraguayas convocaron al representante brasileño en Asunción, José Antonio Marcondes, para que «ofrezca explicaciones detalladas» de estos hechos, que serán investigados en detalle por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación de Paraguay (Mitic).
Por último, el Gobierno de Paraguay anunció que «quedan suspendidas toda negociación relacionada al Anexo C» hasta que las autoridades de Brasil «brinde las aclaraciones correspondientes». El ministro de Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez, recalcó que el caso es «sensible» y exigió explicaciones del país vecino.
Las informaciones sobre este presunto caso de espionaje salieron a la luz el lunes en la prensa brasileña y, según el empleado del Abin, el espionaje a las instituciones paraguayas arrancó durante el mandato del expresidente Jair Bolsonaro, pero continuó bajo el del actual dirigente, Luiz Inácio Lula de Silva.
El Gobierno brasileño salió al paso de estas acusaciones para destacar que el Gobierno de Lula «niega categóricamente cualquier participación en acciones de Inteligencia contra Paraguay» y que, de hecho, ordenó detenerlas tan pronto como tuvo conocimiento de su existencia, según un comunicado recogido por G1.
«La referida operación fue autorizada por el Gobierno anterior, en junio de 2022, y dejada sin efecto por el director interino de la Abin el 27 de marzo de 2023, tan pronto como la actual administración tuvo conocimiento del hecho», agregó el escrito, que enfatiza el compromiso del Gobierno con «el respeto y el diálogo» con Paraguay y el resto de socios de la región.(EP)