El Ministerio Público allanó las oficinas de Derechos Reales (DDRR) y la Dirección General Administrativa Financiera (DGAF) en la ciudad de Sucre, dentro de la investigación del supuesto caso de corrupción que se reveló en Santa Cruz, donde funcionarios habrían desfalcado alrededor de dos millones de bolivianos.
Producto de este caso, hay al menos dos registradores y subregistradores cautelados, de acuerdo con un reporte del diario sucrense Correo del Sur.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, se apersonó a dependencias de la DGAF, junto con otros magistrados, para cerciorarse de los alcances de este allanamiento, aunque luego evitó brindar detalles a la prensa para no entorpecer las investigaciones.
Sin embargo, Saucedo aseguró que la transparencia “va a caracterizar” su gestión. “No vamos a encubrir a nadie, no vamos a proteger a nadie”, remarcó la autoridad del Órgano Judicial.
En enero de este año, la Policía ingresó a otras oficinas de DDRR en la capital cruceña, donde emitió citaciones y secuestró documentos ante indicios de la existencia de una red de corrupción al interior de la institución, la cual involucra a altos funcionarios.
En este caso, se investiga a las máximas autoridades de esta entidad por presunta manipulación informática y enriquecimiento ilícito, tras revelarse un posible desvío de fondos a cuentas privadas en el trámite de un título de propiedad de inmuebles en el que se estima una afectación al Estado superior a Bs 2 millones.
Las primeras operaciones de allanamiento datan de finales de septiembre de 2024, cuando se ingresó a predios de DDRR en Santa Cruz, ubicados en el Palacio de Justicia y en Montero. (Sucre, EL DIARIO y agencias)