Dudas sobre algunas empresas estatales

Desde hace casi veinte años, cuando el MAS llegó al poder, se dijo que iba a luchar contra males como la corrupción y el contrabando de productos, que ingresan por las fronteras con Perú, Argentina, Brasil Chile y Paraguay. Para cumplir esa promesa dictó leyes, decretos, aumentó la cantidad de oficinas de aduanas, creó policías aduaneras y otros. Además, apresó a algunos contrabandistas e instaló cárceles. Al mismo tiempo, anunció medidas drásticas y hasta hizo quemar camiones en el altiplano, cuando fueron asesinados algunos militares que intentaban reprimir a contrabandistas.
Tales amenazas debieron haber tenido algún efecto, pero prevaleció solo la propaganda. En verdad, en vez de desaparecer o, por lo menos, disminuir esa ola de corrupción, el problema se multiplicó y contaminó a otros sectores del aparato administrativo del Estado. A la par, el Estado aparentó tener sordera ante las protestas de sectores productivos afectados por el contrabando y también se cubrió los ojos. En esa forma, lo anunciado solo sirvió para que esos males se conviertan en una pandemia, peor que otras.
Pese a semejante cantidad de amenazas y órdenes, funcionarios del Estado socialista encargados de vigilancia insistieron en mantenerse en la senda de la deshonestidad y las autoridades se mostraron indiferentes ante las reflexiones públicas y de medios de comunicación. Entre otros, el mismo gobierno dio mal ejemplo al incumplir las leyes que dictaba, por lo que la corrupción fue como política de Estado pluralista.
Ahora bien, a la falta de freno contra esa plaga, se suman denuncias desde la población en sentido de que alimentos decomisados por la Aduana (en grandes cantidades) pasan a poder de EMAPA. Esta empresa estatal que debía ofrecer a la población alimentos con precios accesibles, hoy estaría, según quienes protestan, más dedicada a vender lo decomisado. Es más, algunos denunciantes demandan saber a dónde va a parar el dinero que se recauda por esa operación comercial.
Al respecto, un economista denunció que EMAPA debe aclarar sus finanzas, mientras otros analistas afirman que está en quiebra, que solo hace pequeñas compras de alimentos y que lo que se confisca al contrabando pasa a la empresa estatal, sin que se sepa si hay control sobre sus recursos. En esa forma, esta empresa capitalista del Estado no estaría cumpliendo la tarea de amortiguar la escasez de alimentos en los mercados y más bien, agudizaría la inflación y el malestar general.
Pero otro caso sospechoso se perfila en el horizonte. Hace un mes, el presidente Luis Arce inauguró actividades en la fundición del Mutún y anunció que ya iba a producir acero y otros milagros, pero hasta hoy no ha producido “pelets”, la forma más elemental de producción de esas entidades, pues no tiene gas para calentar los hornos.
Finalmente, según datos del Ministerio de Economía, diez grandes empresas capitalistas del Estado mostraron ser deficitarias el año pasado. Por otra parte, a la fecha no se cuenta con información oficial sobre la metalúrgica de Vinto, Cartonbol, Papelbol, Lacteosbol y otras de las cerca de cincuenta empresas estatales.