Tras las detenciones del abogado Jorge Valda y su posterior traslado, desde Santa Cruz de la Sierra hasta la Sede de Gobierno, y al general en retiro Marco Bracamonte, surgieron voces de repudio, ya que estas acciones fueron calificadas como persecuciones políticas y arbitrarias. Al respecto, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), denunció una escalada autoritaria y estrategia de intimidación desplegada por el gobierno de Luis Arce, en contra de voces críticas y actores de la sociedad civil.
El Ministerio de Gobierno involucró al precandidato Jaime Dunn, al economista Gonzalo Chávez, al abogado Jorge Valda y a otras personas en el caso Zúñiga, cuando un grupo de militares en junio de 2024 protagonizó una asonada en la plaza Murillo. Los aludidos negaron esa participación y denuncian una persecución política.
La detención de Valda fue ampliamente criticada entre expresidentes, parlamentarios, analistas, abogados y otros actores políticos, por considerarse un acto arbitrario, carente de fundamento y vulnerador del derecho al debido proceso.
Por otro lado, Estados Unidos hizo conocer al Gobierno del MAS que deje de intentar involucrarlo en el caso Zúñiga con falsas acusaciones.
