Repudian instrumentalización de la justicia como aparato represor

Tras los intentos de usar un documental para vincular a políticos de oposición, analistas generadores de opinión pública, militares en retiro y activistas, en el caso del supuesto intento de golpe en junio de 2024, desde la agrupación Mujeres por la Democracia, se advirtió que la intención del régimen de gobierno es anular por completo a la oposición en etapa preelectoral y consolidar un aparato de poder sostenido por el miedo y la represión.
“Quienes suscribimos el presente documento, ciudadanas, políticas, activistas sociales defensoras de los derechos humanos y de la democracia, manifestamos nuestra perplejidad ante el avance de la dictadura del Mas en Bolivia”, señala parte del pronunciamiento público emitido por esta agrupación.
Se señaló que, casos como El Porvenir de 2008, la Masacre del Hotel Las Américas de 2009, el supuesto Golpe de Estado de 2019 y ahora el teatro de alzamiento militar del 26 Julio de 2024, son la develación de una metodología recurrente del gobierno, armando actos contra el Estado para usarlos como argumentos para acallar y encarcelar opositores al régimen masista.
Ante el intento de involucrar a un potencial candidato opositor, reconocidos políticos de oposición, analistas generadores de opinión pública, militares en retiro y activistas, en el relato de un supuesto golpe de Estado a cargo del Gral. Juan José Zúñiga, a través de un documental denominado “¿Qué pasó el 26J en Bolivia?”, se calificó este argumento como fantasioso.
“La intención es clara: anular por completo a la oposición política en una etapa preelectoral y consolidar un aparato de poder sostenido por el miedo y la represión, vulnerando flagrantemente derechos fundamentales mediante detenciones ilegales, sin respetar el debido proceso, ni la presunción de inocencia; bajo un poder judicial sometido totalmente al partido de gobierno con fines estrictamente políticos, con acusaciones carentes de valor probatorio y de otras pruebas, atribuyendo culpabilidad a sola sindicación”, agrega el documento.
Asimismo, se rechazan los argumentos con los que se ejecutaron detenciones contra el abogado Jorge Valda, los exmilitares Mario José Jakana, Marco Bracamonte y Bismark Imaña.
“Denunciamos que aún están vigentes otras ordenes de aprehensión no ejecutadas contra el diputado Richard Ribera y acusaciones contra el precandidato Jaime Duun, el economista Gonzalo Chávez, el analista Paul Antonio Coca y otros 30 ciudadanos acusados de participar, en algún grado, de ese supuesto golpe”, sostienen.
Desde Mujeres por la Democracia, se llamó a organismos internacionales de derechos humanos, gobiernos democráticos del mundo y a la comunidad internacional en general, a pronunciarse con firmeza rechazando categóricamente la persecución política contra quienes disienten con la línea ideológica del actual partido de gobierno.
El pasado viernes, tras la difusión del documental “¿Qué pasó el 26J en Bolivia?”, autoridades confirmaron la emisión de cinco ordenes de aprehensión contra personas supuestamente vinculadas con la asonada militar encabezada por Zúñiga en junio de 2024, de estas, cuatro fueron ejecutadas.
Primero, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, fue aprehendido el abogado Jorge Valda, posteriormente se confirmó la detención de los militares en retiro Marco Bracamonte, Bismarck Imaña y Mario Tanaka Arauz, todos trasladados a La Paz. Se conoce que la quinta orden de apremio corresponde al diputado Richard Ribera de la agrupación Creemos.
La noche del sábado, tras la respectiva audiencia de medidas cautelares en la que el Ministerio Público solicitó una detención domiciliaria, Valda quedó en libertad pura y simple para sumir su defensa.
El domingo, la autoridad jurisdiccional determinó beneficiar a Bracamonte con medidas sustitutivas, en tanto que Imaña deberá cumplir detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz, por el lapso de 30 días.