“Caja de Pandora” en auspicios legales

La Procuraduría General del Estado se ha convertido en una especie de caja fuerte inexpugnable, donde guarda secretamente sus contratos con los abogados y bufetes internacionales para la defensa estatal en nacionalizaciones o confiscación de las empresas adjudicatarias de algún servicio o actividad económica.
Amparada en el Decreto Supremo 4.477, la Procuraduría rechaza cualquier investigación sobre los alcances de las contrataciones indicadas, incluyendo las peticiones de informe escrito solicitadas por diputados y senadores. El DS señalado concede a esa repartición la libre contratación de los mencionados servicios legales. Ha salido a luz la negativa con motivo de la indemnización al Banco Bilbao Vizcaya Argentario (BBVA), operador de Previsión AFP, por 105 millones de dólares según el arbitraje a cago de CIADI, con el fundamento de una dilatada tardanza en la implementación de tomar el paquete financiero de AFP Previsión.
Estamos ante una prerrogativa extraordinaria hacia la Procuraduría, que no puede menos que despertar dudas y hasta sospechas de encubrimiento premeditado en la adjudicación de millonarios contratos destinados al auspicio jurídico. Este tipo de servicios a nivel internacional se cotiza en millones de dólares.
Habida cuenta que, en muchos de las causas, la parte afectada proponía de inicio un monto mucho menor para dejar el emprendimiento. Previsión AFP propuso alrededor de 12 MM de dólares para marcharse. Otro tanto en relación con Quiborax, pero el Gobierno y el Procurador de entonces rehusaron el requerimiento menor de la empresa chilena y terminaron pagando 47 MM en moneda fuerte. Sucedió previas manipulaciones de información reservada desde la propia sede de la institución y otros oscuros entretelones rumorados. Entonces el Ministerio de Economía pagó el crecido monto violentamente y al contado, bajo la titularidad del ahora presidente del Estado.
El secreto sobre el costo de las contrataciones y demás erogaciones se oculta bajo cláusulas de confidencialidad, tanto en lo nacional como en lo internacional. Se supone que la sustancia de este pretexto sería no dar a conocer a la otra parte la identidad de los defensores, pero raya en lo absurdo, ya que es obvio que en el trámite se conocerá el auspicio jurídico. Como se trata de invitaciones directas no se registran en el Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes), quedando en el misterio esta suerte de escabullir toda referencia e información. Se desmedra así el derecho de la ciudadanía que aporta a las arcas fiscales y debe ser noticiada del destino de sus contribuciones.
Es un mal por demás conocido que aun con licitación, las autoridades y funcionarios se dan modos para percibir jugosas “comisiones” y otros acuerdos bajo la mesa entre licitados y licitadores. Estos casos se convierten en vía libre de corrupción. Las contrataciones directas y por simple invitación cohonestan negociados bajo el manto inviolable de confidencialidad y “razones de Estado”. Corresponde hacer auditorías a la Procuraduría y a las fortunas de quienes detentaron y detentan tales funciones.