Desde julio, Bolivia vive una etapa de conflictividad y violencia alta peligrosa, que puede crecer, generada por conflictos como el avasallamiento de tierras, el rechazo al “mercado ilegal” de la coca y por la fecha en la que debe realizarse el censo. Ese es el criterio que tienen tres analistas.
“Estamos en una profunda polarización en la que el tejido social se ha desgastado y roto, en algunos contextos. Estos conflictos alentados desde el poder y desde otros sectores profundizan esta ruptura y nos llevan a una situación compleja en la que existe las posibilidades de violencia. Ese es el costo de conflictos mal atendidos, mal gestionados (desde el Gobierno), sin que haya el interés de ninguno de los actores de realizar una negociación o gestión. En el futuro esto puede generar mayor violencia”, advirtió, Huascar Pacheco, experto de UNIR.
Desde el mes pasado, los conflictos empezaron en el departamento de Santa Cruz, donde se registraron disputas por la tenencia de tierras tras un avasallamiento armado en Las Pailitas, municipio de Guarayos, promovida por “interculturales”, un sector afín al oficialista MAS. Este tipo de ataques es recurrente, pues el otro de similares características, incluso un secuestro, se dio a fines del año pasado.
Además, el 25 de julio, el Comité Interinstitucional de Santa Cruz dio inicio a un paro escalonado para pedir que el Censo Nacional de Población y Vivienda, que debía realizarse en noviembre de este año, se postergue sólo hasta 2023 y no en 2024, tal como sugirió el Consejo Nacional de Autonomías. El lunes y martes de esta semana se tuvo el segundo paro, esta vez de 48 horas, para hacer escuchar esa demanda. Hubo enfrentamientos entre gente que apoyaba y rechazaba el paro.
La conflictividad en el país creció con la reanudación de movilizaciones de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, desde la semana pasada, para pedir el cierre del mercado paralelo de la coca liderada por un dirigente afín al MAS. Hubo enfrentamientos con la Policía. Se utilizaron gases lacrimógenos, balines, cachorros de dinamita y petardos. Hasta ahora se tiene el saldo de un herido de gravedad y cerca de una veintena de cocaleros detenidos.
Pacheco advirtió que el nivel de conflictividad aumentó en el país en los últimos seis meses, pues antes se tenían menos de 100 conflictos por mes, pero ahora se alcanzó incluso a cerca de 120 en junio. Resaltó que dos de los tres conflictos actuales tienen larga data, el caso de la disputa por tierras y el de la Adepcoca, que se inició en 2017, por una mala gestión de atención del Gobierno.
El experto de UNIR sostuvo que actualmente estamos en un momento de “conflictividad alta” que tiene episodios violentos y temáticas que están latentes y pueden tener altos costos, principalmente entre lo político lo social, debido a que posee varios frentes abiertos que deben ser gestionados.
El caso de la disputa de tierras fue calificado de “paradigmático” por Pacheco, debido a que es el resultado de varios años de políticas que han beneficiado a algunos sectores en desmedro de otros. Al referirse a la Adepcoca sostuvo que el Gobierno busca tener dirigencias afines al MAS, al igual que lo hizo en años pasados con otros sectores, como el campesino.
Al referirse a estos conflictos, el analista Franklin Pareja advirtió que desde las últimas gestiones del expresidente Evo Morales se socavó la institucionalidad del país, hasta el punto de casi llegar a extinguir todos los mecanismos y caminos para resolver los problemas en un marco democrático y pacífico, en el que se respete los derechos y garantías de las personas.
“Los bolivianos ya no cuentan con un espacio democráticamente dispuesto o abierto para que se solucionen las diferencias, controversias y tensiones propias de un país. Entonces, se desplaza de la agenda y confrontación dialéctica, que es la confrontación de ideas, para ir a la confrontación directa, fáctica y violenta”, sostuvo.
Pareja, en una entrevista con radio Panamericana, advirtió que los espacios que deberían tomar decisiones y atender los problemas del país, entre ellos la Asamblea Legislativa Plurinacional, no funcionaron. Cuestionó que el Gobierno sostenga que vivimos en un país que va por buen camino para salir adelante, cuando hay una confrontación entre bolivianos.
“No sé a dónde nos quieren llevar (desde el Gobierno) porque la confrontación de bolivianos con bolivianos es la antesala de lo que en muchas realidades generan rupturas y fracturas, con profundo daño a la bolivianidad. Ojalá que no nos estén llevando a una confrontación fratricida; parece que nos quieren llevar a una guerra civil, es inaceptable”, declaró Pareja.
De manera puntual, este analista también cuestionó la función del Gobierno en el caso de la Adepcoca. Lamentó que el Gobierno defienda a un mercado ilegal y a una dirigencia “apócrifa”, cuando existe un mercado legal una dirigencia legal. Por ello se preguntó ¿cuál es el interés del Gobierno en defender a una dirigencia apócrifa?
En la misma línea, el abogado y analista político Andrés Gómez lamentó que la Policía Bolivia resguarde el mercado ilegal de la coca que fue promovida por el Gobierno, pese a que la ley vigente reconoce como única legal al mercado de Villa Fátima de la Adepcoca.
Gómez cuestionó que el Gobierno utilice toda el “aparato” del Estado, en ellos la Policía, Fiscalía y jueces, para defender al mercado ilegal de la coca. (Brújula Digital)
Bolivia vive conflictividad y violencia alta peligrosa
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