Las normas y leyes que emanan del Estado de Derecho deben ser acatadas por todos los actores del Estado. Si por alguna razón dichas normas son vulneradas con el aval del gobierno de turno, el Estado de Derecho queda resquebrajado, siendo la protesta civil la única manera de levantar la voz ante dicha vulneración. El derecho a la protesta, por lo tanto, se convierte en clamor popular y el Estado, al verse acorralado, tipifica este clamor popular como sinónimo de desestabilización, es decir, se victimiza ante sus seguidores y con ello encuentra el soporte para la represión y el abuso, siendo el resultado, calles convertidas en campos de batalla.
La interpretación arbitraria de la ley resquebraja la confianza de la ciudadanía, ya no se tiene certeza de la ley. Si la norma legal es vulnerada por el mismo ente rector, se abren de par en par las puertas para su vulneración por parte de toda la sociedad civil. Esta más que claro que todo el sistema judicial responde de manera casi servil al poder político, generando en la ciudadanía desconfianza y rechazo.
La sociedad, al verse avasallada por un poder judicial parcializado y con serios indicios de corrupción, no tiene más remedio que hacer uso de la protesta como expresión de descontento o como medio para hacer valer sus derechos. Si el Estado de Derecho es vulnerado por el mismo Estado, las calles se convierten en verdaderos campos de batalla, donde el reclamo se convierte en lucha, generando con ello un efecto dominó de vulneración de derechos individuales y colectivos. Con un panorama tan desalentador, el poder de policía queda rebasado por el número de protestas o toma partido por los sectores afines al partido de gobierno. En ambos casos, queda claro que el órgano policial no cumple con su función de resguardar a la ciudadanía.
Cuando las calles se convierten en campos de batalla y los contenedores de basura en barricadas, queda claro que el Estado de Derecho ya fue vulnerado; la ley deja de cumplir su función y simplemente se convierte en un apartado molesto de la sociedad, donde el que la cumple es un “gil” y el que la vulnera es un “vivo”. Si el Estado genera desconfianza, entonces, ¿en quién confiar?
Si la normativa legal es superada por el incumplimiento de la ciudadanía, deja de tener validez. Por ello, el Estado al verse superado no tiene más remedio que promulgar nuevas leyes, las misas que en corto plazo volverán a ser incumplidas. Pareciera que estamos en medio de un círculo vicioso que solo genera desconfianza por parte de la sociedad civil. Al Estado solo le queda inventar e implementar nuevas leyes, cada vez más restrictivas, abusivas e inconstitucionales.
A partir de lo expuesto, se puede concluir que las calles seguirán convirtiéndose en verdaderos campos de batalla por la libertad y el respeto al Estado de Derecho, y el actual gobierno seguirá siendo el primer incumplidor de la norma legal vigente.
El autor es Teólogo y Bloguero.