Para tratar el tema de la producción agropecuaria, lo primordial es tocar la problemática de la tierra y sin resolver la situación de la tenencia de la tierra, hablar de seguridad y hasta de soberanía alimentaria es absolutamente demagógico.
Con la Reforma Agraria implementada con el Decreto Ley de 2 de agosto de 1953, que saca momentáneamente al hombre andino del pongueaje, otorgándole pedazos de tierra, que a la larga y luego de siete décadas degeneró en minifundio y surcofundio, arrastrando al campesinado a una sobrevivencia en condiciones de pobreza.
Tanto el Decreto Ley de Reforma Agraria de 1953 de Víctor Paz Estenssoro, como la Ley INRA de Gonzalo Sánchez de Lozada y la Ley de Reconducción Comunitaria de 2006 de Evo Morales están estructurados bajo un modelo ajeno, colonial y neoliberal que para nada toma en cuenta un otro modelo de propiedad de la tierra, su organización y manejo propio de los aymaras, quechuas, guaraníes, chiquitanos, etc. A éstos jamás les consultaron para la imposición de estas leyes, prácticas y formas de propiedad de la tierra ajenas al modelo de los pueblos y naciones preexistentes, tal como consigna el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Arrojando, a la larga, resultados desastrosos, los mismos que se traducen en una alta migración campo-ciudad y a otros países, escasa producción, extrema parcialización de la tierra, pobreza y otros efectos negativos.
Por ejemplo, esta Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria No. 3.545, de 28 de noviembre de 2006, elaborada y promulgada a espaldas del mundo indígena, sin tomar en cuenta para nada las estructuras y el modelo indígena, fue promulgada por Evo Morales Ayma, Juan Ramón Quintana Taborga, Ministro de la Presidencia; Hugo Salvatierra Gutiérrez, Ministro de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente.
Con esta Ley, los masistas hasta se hicieron la burla de las mujeres campesinas, haciéndoles creer que habían sido beneficiadas con una gran medida, al insertar solamente sus nombres en los documentos de saneamiento, denominados títulos ejecutoriales de las pequeñas parcelas que estaban a nombre de sus esposos. Pero sin otorgarles siquiera un metro de tierra, tal como menciona la DISPOSICIÓN FINAL OCTAVA (Equidad de Género) de la Ley 3.545, que consignando el nombre de la mujer en primer lugar en la titulación, estaban beneficiándolas, lo que no tiene importancia si no le otorgan otras tierras. Este tema solo ha servido para un uso demagógico y propagandístico sobre la tierra para las mujeres, a las que nada les otorgaron.
También es importante mencionar que con el saneamiento se produjo un gran engaño al pequeño productor campesino, al que le “sanearon” las mismas tierras improductivas, en extensiones muy pequeñas, que ya habían sido tituladas después del 53. En otros casos, con el saneamiento legalizaron el despojo de tierras a viudas, huérfanos y personas mayores, pero legalizaron las grandes extensiones de los empresarios agrícolas del oriente, legalizándose la extranjerización de la tierra en Bolivia.
Recordemos que “la tierra es de quien la trabaja”, que fue la consigna y la premisa sobre la lucha por la tenencia de la tierra que aparece en México y luego se difunde en Bolivia con la Reforma Agraria de 1953, que con el masismo unzaguista de Evo Morales cambia a “la tierra es de quien la asalta o la despoja”.
Hoy en Bolivia, pese a la nueva Constitución, sepultada la consigna de “la tierra es de quien la trabaja”, con la premisa de: “la tierra es de quien la asalta o la despoja”, se vienen imponiendo los constantes atropellos y avasallamientos que sufren los campesinos más humildes hasta otro tipo de propietarios en áreas periurbanas y otros predios privados, incluso las áreas protegidas y los territorios indígenas, por parte de los loteadores, de los dirigentes campesinos y militantes del partido en función de gobierno, tal como vienen denunciando en diferentes regiones del país, de forma especial en el oriente boliviano.
A estas alturas, para los aymaras, quechuas, guaraníes, chiquitanos, etc., ante el fracaso de la imposición legal de un modelo ajeno al mundo indígena por parte de Víctor Paz, Gonzalo Sánchez de Lozada y Evo Morales, es urgente construir una propuesta integral a través de una nueva ley de tierras a partir del modelo del indígena, como es el ayllu, por ejemplo, y que tome en cuenta la discontinuidad, formas ancestrales del sistema de propiedad, su organización, entre otros.
El autor es Coordinador General del Foro Indígena de Bolivia.