El periodista Roberto Puma Guerra, de Yacuiba, y Javier Colque Rollano, de Cochabamba, fueron citados por fiscales para declarar hoy, bajo la advertencia de ser detenidos, lo que demuestra una inaceptable judicialización del trabajo periodístico en Bolivia, según denunciaron asociaciones del gremio periodístico.
El periodista Javier Martín Colque Rollano pidió respetar y observar el alcance de la Ley de Imprenta en respuesta a una citación que recibió para presentarse ante una comisión de fiscales como testigo de los sucesos violentos del 15 noviembre de 2019, registrados en la localidad de Huayllani.
El viernes, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) expresó respaldo al periodista de Radio Frontera, Roberto Puma Vega, que fue requerido judicialmente para que revele la fuente informativa que alertó sobre el mal estado de alimentos consumidos en el desayuno escolar de una unidad educativa, en junio pasado.
La ANP expresó solidaridad al periodista y recordó que el artículo 8 de la Ley de Imprenta vigente desde 1925, protege la fuente informativa y por tanto pidió al juez encargado del caso que se aplique este principio de respeto al trabajo periodístico.
Ayer, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) emitieron un comunicado en el que declararon su preocupación por la judicialización el trabajo de los periodistas en Bolivia.
YACUIBA
En coordinación con el abogado defensor del periodista, Eduardo Ayllón, la asesora legal de la ANP trabaja en la defensa legal del periodista que anunció firme decisión de defender el secreto de prensa.
En 2014, la ANP fue la única organización que salió en defensa de dos periodistas del diario La Razón que fueron enjuiciados para obligarlos a revelar el secreto de fuente. Un tribunal ordinario resolvió derivar el caso al Tribunal de Imprenta.
COCHABAMBA
En el de Cochabamba, una comisión de fiscales desea que un periodista declare ante un juez sobre los sucesos de Huayllani, de noviembre de 2020 y donde se produjeron muertos y heridos debido a la acción de fuerzas uniformadas. En esa ocasión, Colque Rollano y Valdivia Gutiérrez hicieron cobertura periodística en su calidad de reporteros de televisión.
“La ANPB y la APLP recordamos a los operadores judiciales que la Ley de Imprenta está vigente y que los periodistas no pueden ser sometidos a la justicia ordinaria sino a tribunales de imprenta”, se lee en el comunicado.
Ambas entidades, además, exhortaron al ministro de Justicia, Iván Lima, a que les haga conocer a los operadores de justicia que su accionar en los dos casos mencionados es incorrecto e ilegal y, por lo tanto, inaceptable, debido a que la Ley de Imprenta en el país está vigente. Ratificamos que en Bolivia un periodista no puede ser procesado por la justicia ordinaria.