La fundación de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch expresó ayer su “preocupación” por las acusaciones que han recibido periodistas y otros profesionales que trabajaron en la red BTV durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez.
“Nos preocupan las imputaciones contra periodistas y otras personas que trabajaron en el canal estatal Bolivia TV durante el gobierno de la presidenta interina Jeanine Añez”, dijo a Brújula Digital el investigador de la HRW para América Latina, César Muñoz.
Muñoz señaló que “las autoridades pueden y deben investigar todo indicio de delito. Pero esos procesos deben siempre respetar los principios del debido proceso. Uno de esos principios clave es la ‘proporcionalidad entre la acusación y las conductas alegadas’”.
El representante de la HRW recordó que en uno de los casos, la Fiscalía busca condenar hasta con 10 años de prisión por un contrato en que a una persona se le pagó más de lo que era supuestamente permitido. “Parece excesivo recurrir a la vía penal y demandar una pena de 10 años por alegaciones sobre los términos de ese contrato”, añadió.
Muñoz comentó así las acusaciones realizadas contra los periodistas Andrés Rojas, Adriana G., Pablo Llano, Gonzalo Rivera, Shirley Gutiérrez y el politólogo Diego Ayo, quienes trabajaron en BTV el año 2020. (Brújula digital).