El Ministerio Público imputó al cocalero Porfirio R., «porque estaba manipulando con sus manos cachorros de dinamita”. No obstante el productor presenta discapacidades, una visual y otra en extremidades superiores, según documentación a la que EL DIARIO tuvo acceso. En audiencia de medidas cautelares programada para las 10:30 horas de hoy, el Ministerio Público pedirá su detención preventiva.
“Por el Informe No. 241/2022 suscrito por la División Cibercrimen se evidencia que de acuerdo al trabajo técnico de audio y video respecto a los hechos suscitados en fecha 8 de septiembre de 2022 con el rótulo: ‘El conflicto cocalero que derivó en la quema del mercado de Alanes se trasladó al centro de la ciudad de La Paz’, se observa al imputado Porfirio R. R., quien se encontraba con ropa negra, barbijo y una gorra, quien se encuentra manejando en sus manos cachorros de dinamita, en la puerta de ingreso al mercado paralelo “garaje verde”, logrando lanzar dicho artefacto explosivo que posteriormente detona ocasionando una explosión y esta persona se retira sigilosamente (sic) (…)”, señala una parte de la imputación.
En criterio del abogado Jorge Valda, “estas incoherencias del Ministerio Público demuestran la improvisación con la que actúa personal de Inteligencia”.
El productor de coca fue detenido la tarde del lunes, cuando efectivos policiales, vestidos de civil, irrumpieron un vehículo de transporte público en inmediaciones de la calle Sucre de La Paz.
DETENCIÓN ARBITRARIA
El defensor de derechos humanos y abogado, Franco Albarracín, manifestó a EL DIARIO que las detenciones de los cocaleros son de manera “ilegal y arbitraria”.
“Las detenciones de los dirigentes marca una ilegalidad de acuerdo a lo que dispone la Constitución, el Código de Procedimiento Penal y los Tratados Internacionales, primero porque estas detenciones no se están realizando conforme corresponde. Tienen que estar los policías en funciones, con uniforme y tienen que identificarse”, dijo.
El jurista aclaró que este tipo de hechos son más graves cuando se ejecutan contra personas vulnerables, como las que sufren algún tipo de discapacidad.
“Todo demuestra las irregularidades, ilegalidades que continúan en contra de los de Adepcoca. También se están vulnerando los derechos de terceros porque están cumpliendo una orden de aprehensión de manera arbitraria, la ley es clara, la detención se realiza respetando procedimientos, que no se afecten a terceros, en horarios de oficina, de lo contrario no es aprehensión sino detención arbitraria, salvo que sea una aprehensión en flagrancia”, aclaró.
En ese marco el jurista recordó la detención del dirigente cocalero César Apaza, que fue ejecutado en horas de la madrugada, por personas vestidas de civil y en un vehículo sin placa siquiera.
“A uno de los dirigentes se lo ha detenido a altas horas de la noche en un vehículo no oficial de la Policía y por parte de agentes que no estaban uniformados, incluso podemos sospechar que eran agentes parapoliciales”, dijo.
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