El hijo del funcionario de la Alcaldía de Puerto Quijarro (Santa Cruz), que perdió la vida la madrugada del 22 de octubre, cuando fue a desbloquear, aseguró que su papá murió cuando intentó agarrar una granada de gas lanzada por la Policía, a ello se suma que el profesional que firmó el certificado médico no está registrado como especialista, y que la viuda de la víctima fatal recibió dinero para responsabilizar del hecho a los cívicos, según manifestó el abogado Jorge Valda a EL DIARIO.
A decir del jurista el hijo del funcionario municipal fue el primero en auxiliarlo al verlo caer de espaldas, después de que una granada de gas le estalló en la cara,
“Los médicos del Hospital Príncipe de Paz de Puerto Quijarro, fueron ellos quienes señalaron que había muerto de una broncoaspiración (…), es decir que los pulmones quedaron sin la posibilidad de recibir el oxígeno”, precisó.
En una conferencia de prensa el lunes, el hijo del funcionario municipal relató: “Fue a las 1.30 de la madrugada, él se puso adelante (…) todos se fueron corriendo, la Policía lanzó el gas y mi padre lo que hizo es poner la venesta, que estaba usando como escudo, quiso levantar el gas con un brazo, casi alza el gas y ese momento salió con una presión directo a su rostro y mi padre se levantó aturdido y se cayó de espaldas”.
En ese marco, Valda dijo que el examen médico forense, firmado por Rodrigo Valdez Zamorano, que certifica que la causa de muerte del funcionario municipal fue por golpes, es decir, por un Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) seriado, hematoma subdural (hemorragia en el cerebro) y politraumatismo, es altamente cuestionable.
“Tenemos un certificado médico forense, en la última hoja, que es la copia fiel de un documento borroneado, un documento que tiene tachaduras, y que dice razón de la muerte pulmones insuflados por congestión crónica, eso significa bronco aspiración (…). Hay una lista donde están todos los médicos legistas en Bolivia, están autorizados para ser médicos forenses (…) en ninguna parte aparece el señor Rodrigo Valdez Zamorano, es decir que no es una persona que esté habilitada para realizar una autopsia médico legal, porque la misma autopsia médico legal nos dice sin presencia de lesiones en la cabeza ni en el cráneo, cómo puede tener un resultado de traumatismo cráneo encéfalo si nos dice sin presencia de lesiones”, advirtió.
Asimismo dijo que con la versión del hijo de la víctima fatal se contrarresta el informe médico legal y se demostraría que sus patrocinados, los cívicos que fueron aprehendidos la madrugada del 23 de octubre, son inocentes.
El 23 de octubre, familiares de los dirigentes cívicos del municipio de Puerto Quijarro (frontera con Brasil), denunciaron excesos por parte de efectivos policiales que ejecutaron la orden de aprehensión en horas de la madrugada. Los tres fueron trasladados a Santa Cruz, son investigados porque presuntamente participaron en los enfrentamientos donde perdió la vida el funcionario municipal.
Días después dos de ellos fueron enviados con detención preventiva al penal de Palmasola, y un tercero no prestó aún su declaración informativa porque se encuentra hospitalizado por su delicado estado de salud.
VIUDA
El día que el funcionario falleció, la esposa manifestó que fue a movilizarse en contra del paro, porque les dijeron que el bloqueo iba a ser pacífico, pero terminaron apaleando a su pareja.
“Estábamos con mis compañeros y mi esposo estaba con nosotros, ellos empezaron a atacarnos. Los del comité cívico dijeron que iban a bloquear pacíficamente, pero ellos llegaron con bombas caseras y palos y presencié el momento en el que golpearon a mi esposo a palazos”, manifestó a Ancestro Noticias, en la oportunidad.
“Pido justicia, que no quede impune la muerte de mi esposo”, afirmó la esposa, mientras esperaba recoger el cuerpo de su esposo, de la morgue.
Ayer, Valda aseguró que de acuerdo a las declaraciones de la viuda ante la Fiscalía, ella reconoció que no estaba en el lugar de los hechos.
“La esposa no estuvo presente y lo dijo en su declaración en la Fiscalía. En los medios dice yo vi cómo cayó mi esposo, eso es mentira, en la Fiscalía declara, yo no estaba presente, pero la señora Rocío Lino me contó. ¿Qué dice Lino?, funcionaria municipal, dice: yo vi un montón de gente, estaban los cívicos (…)”, aseveró.
Asimismo, el jurista dijo que la viuda, al día siguiente del fallecimiento de su esposo, se declaró Bartolina Sisa.
“Él (hijo del funcionario) nos señala que ella hubiera recibido más de 20.000 dólares, solo que no le consta cómo los ha recibido (…) ella tiene un nuevo negocio y ya no tendría ningún problema económico, a pesar de que tenía varias deudas, es una pena que se quiera manejar la justicia con la economía”, aseveró.
Por otro lado, Valda aseguró que el alcalde de Puerto Quijarro, Luis Chambi, tiene 24 millones de bolivianos de patrimonio, 18 inmuebles, de acuerdo a información de la Contraloría General del Estado.
