Hace algunos años la distinguida dama paceña y educadora Alicia Pizarro del Castillo, dispuso una suma de dinero para una Fundación que asista a la tercera edad. Con parte de esa donación la Fundación adquirió un inmueble en el centro de la ciudad, para instalar un servicio de atención de salud a los ancianos.
El entonces presidente de la Fundación, Monseñor Gonzalo Del Castillo, Obispo Auxiliar de La Paz, debido a sus recargadas labores, dejó cerrada la casa mientras se efectuaban los trámites de inscripción de la propiedad. En ese lapso apareció un consorcio de Abogado, Notario de Fe Pública, empleados de la oficina de Derechos Reales y una mujer cabecilla de la banda, que falsificaron la cédula de identidad de la vendedora que había fallecido hacía seis años y tramitaron una venta falsa y la inscribieron en DD.RR.
En una sociedad organizada y con una justicia pronta, efectiva y eficaz, ese asunto se hubiera resuelto en quince minutos, pues una muerta no puede resucitar para vender un bien que ya había vendido, pero en nuestra situación lamentable de justicia, duró casi cinco años, sin resolver algo, pues jueces y fiscales están atrapados en la incuria y corrupción (salvadas algunas excepciones). Hoy ese bien inmueble que debería estar al servicio de los ancianos, está en poder de gente con vínculos político-partidistas.
Como el caso anterior, hemos conocido otros, el último también sobre un bien inmueble de una destacada dama, descendiente de Ladislao Cabrera, que murió en situación extraña, pues estaba sana y lúcida. Por su edad y vida solitaria, estaba atendida por una mujer que voluntariamente le atendía, llevándole alimentación, para luego acomodarse en la vivienda de la anciana. La ocasional cuidadora, aprovechando la cuarentena del Covid-19, evitó toda visita de algún pariente o amistad a la anciana, incluso cortándole toda comunicación telefónica.
Un pariente de la escritora presentó una demanda ante la Fiscalía contra la supuesta cuidadora que se instaló en la vivienda de la anciana y la llevó a un cuarto en la planta baja, donde no tenía ventanas ni luz, donde seguramente falleció de inanición, además se apropió de sus bienes y dinero. La Fiscalía rechazó la demanda y al enterarse la mujer que estaba siendo procesada, vendió la casa falsificando firmas y rúbricas y tramitando los documentos de la falsa venta ante un Juez de una provincia. Es decir fuera de la jurisdicción donde está el bien y se realizó la supuesta falsa venta. Participaron Abogado, Notario y otros. El rechazo a la demanda oportuna que se presentó, determinó la comisión de otros delitos.
Hace años, una abogada era la cabeza de un grupo que traficaba niños, haciendo trámites de adopción para extranjeros que se los llevaban, con la complicidad de una autoridad judicial. Otro abogado era parte de un consorcio que traficaba con vehículos indocumentados, otros en loteamientos clandestinos (casos tomados de publicaciones de prensa). Seguramente, todas las investigaciones y procesos quedaron en nada, es decir en “impunidad”.
Hace ya varias décadas, los profesionales abogados eran muy bien considerados en la sociedad boliviana, pues obtener el título de Abogado, importaba un esfuerzo de estudios y muestra de honestidad. En estos tiempos, como lo dijo una vez cínicamente un individuo de moral relajada, que fungía como profesional sin serlo, “todos somos Abogados, mientras no se pruebe lo contrario”.
Los operadores de justicia, que tienen el título de Abogado, tienen por principio profesional, que buscar la justicia y el cumplimiento de la ley, y de ninguna manera vulnerarla en la búsqueda de provecho propio, pues si bien es lícito que cobren por sus servicios, no lo es que cometan delitos, asociándose con otros o en sus actos jurisdiccionales como autoridades, apartándose del cumplimiento estricto de la ley o actuar al servicio del poder político.
La distinguida Fiscal General del Perú, al anunciar el resultado de la investigación al presidente de ese país, por denuncias de comisión de algún delito, dijo: “No somos actores políticos, somos operadores de justicia y nos atenemos a los hechos, no a las personas”, ejemplo de dignidad, ética y profesionalismo, que debería ser tomado como ejemplo para nuestros operadores de justicia, tan venidos a menos.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente de educación superior.