Ante la crisis de violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, México abrió 30 plazas en el Mecanismo de Protección para acrecentar su plantilla.
Si bien con ello se genera un aumento en la cantidad de servidores públicos que atiende los casos, el mecanismo cuenta con diversas críticas sobre su funcionamiento.
Y es que, de acuerdo con la ONG, Artículo 19, en los últimos 22 años, 156 periodistas fueron asesinados, 91 de los casos ocurridos pese a la existencia del mecanismo, el cual comenzó a dar servicio en noviembre de 2012.
En cuanto a los casos de personas defensoras de derechos humanos no existe un registro puntual, los datos recientes apuntan que entre 2018 y 2022, se registraron al menos 97 asesinatos perpetrados en contra de activistas.
Estos datos respaldan lo señalado por ambos sectores: el país se ha convertido en uno de los más peligrosos para realizar sus actividades y las medidas existentes se vieron rebasadas por la violencia que sufren.
Ante la demanda por acciones concretas para atender la crisis de violencia perpetrada contra activistas y comunicadores, el gobierno federal apostó por el fortalecimiento del mecanismo.
Recientemente se integró un grupo interdisciplinario conformado por las carreras de derecho, psicología, sociología, ciencias políticas, relaciones internacionales, economía y criminología, en donde más del 50% son mujeres.
Bajo este contexto, y según datos oficiales, actualmente hay alrededor de mil 518 personas inscritas al mecanismo. Según el informe “Diagnóstico sobre los Alcances y Retos del Mecanismo” emitido por la Comisión de los Derechos Humanos, 495 de los beneficiarios son periodistas, mientras que 1 mil 023 son activistas.
Sin embargo, pese a ello, las muertes violentas de ambos grupos no han disminuido. En la administración federal actual, encabezada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 36 comunicadores fueron ultimados.
Entre ellos se encuentran los casos de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, quienes fueron atacados en Tijuana, Baja California a inicios de este año. Ambos habían solicitado medidas de protección ante las amenazas recibidas por el trabajo que realizaban.
En tanto, la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores —quien actualmente es beneficiaria del mecanismo, reprocharon la eficacia del mismo.
Esto destaca lo denunciado por Artículo 19, ONG que reportó que desde sus inicios, el mecanismo no fueron suficiente para paliar la violencia: desde su creación en 2012 y hasta febrero de 2014, 88 casos no fueron atendidos por la junta de gobierno responsable, esto de un total de 152 que se registraron en ese entonces.
Este problema documentado hace más de cinco años no es la excepción, de hecho, en un diagnóstico realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en 2019, destacó la necesidad de responder a problemáticas como el incumplimiento respecto de los tiempos que indica la Ley para atender los casos así como la falta de recursos económicos y materiales para garantizar la operación adecuada.