Frente a tres notorios errores

El debut de Héctor Arce como representante de Bolivia ante la OEA, no podía ser más catastrófico para la diplomacia nacional. Arce votó contra la resolución de condena del organismo al gobierno de Nicaragua por el encarcelamiento de los contendores electorales del presidente Daniel Ortega, en algunos meses más. Este es un acto desesperado del posible perdedor en las próximas elecciones generales en el hermano país, cuando Ortega pretende un cuarto período de gobierno. La medida restrictiva empieza por Cristina Chamorro, su rival con enormes posibilidades de triunfo. Asimismo, fueron apresados entre el 8 y el 14 de junio otros precandidatos: Arturo Cruz Sequeira, Félix Madariaga y Juan S. Chamorro García.
El voto de Arce acentúa en aislamiento del país a contracorriente de la mayoría latinoamericana y del Caribe en la OEA. Solo acompañaron a Bolivia las islas San Vicente y las Carolinas, además de la propia Nicaragua. Argentina y México se abstuvieron, demostrando una mayor responsabilidad diplomática de sus países, seguidos por Honduras. La esperanza de coherencia, cordura y sindéresis en el campo internacional del gobierno de Luis Arce queda desbaratada por el fanatismo que sigue la huella evista, que colocó al país a favor de los más virulentos enemigos de los derechos humanos y dictadores en el continente.
Otro descarrío de la actual gestión es, sin duda alguna, la precipitada contratación del consorcio jurídico Greenberg Traurig, para el seguimiento del proceso a Arturo Murillo en Miami, Estados Unidos. La “metida de pata” del procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, se produce cuando la situación del encausado por lavado de dinero y otros en el Norte, se torna indecisa y fluctuante. Bajo ningún punto de vista se justifica la contratación de uno de los consorcios de abogados más costosos del mundo. Si más adelante esta situación judicial se clarifica, recién debía procederse a una contratación, empero, menos gravosa para el país. Ahora, sin saber a ciencia cierta qué se deberá hacer, se adelanta el compromiso del pago de más de dos millones de dólares.
Se suma la persecución judicial con seis causas, por ahora, contra el alcalde Iván Arias por el Ministerio Público y una connotada jueza seguidora de las instrucciones del gobierno. El acoso al alcalde no le deja tiempo ni espacio para atender con humana tranquilidad su gestión, más aún en momentos tan álgidos de la pandemia. La vendetta gobiernista obedece a la derrota de su candidato oficial a manos de un ex ministro del gobierno transitorio, al que la cúpula de la Casa Grande ha convertido en el mito del “enemigo” imperdonable.
La persecución contra Arias, desde el mismo día de su posesión, no oculta que el ajusticiamiento es también contra La Paz por no haber elegido un burgomaestre pintado de azul, como jamás lo hizo. Por otra parte, es el cumplimiento de la exacerbada advertencia del entonces candidato Luís Arce sobre su dificultad de “coordinar” con una autoridad no emanada de las listas de su partido. Así nomás es.