Una de las medidas sociales de demanda social más larga (36 días) se dio en días pasados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y las ciudades intermedias que le rodean, con una contundencia y persistencia de los vecinos digna de encomio. La demanda, como todos sabemos, se refirió a que el censo de población se realice en octubre de 2023, la misma que por disposición del gobierno fue declarada de necesidad nacional y sus autoridades aseguraron que todo estaba dispuesto para efectuarse en noviembre pasado, pero el gobierno cambió de opinión, postergando el mismo hasta el año 2024.
El gobierno arremetió contra los ciudadanos en paro, con grupos paramilitares, –la policía, cercó a la ciudad–, prohibió exportaciones e hizo cuanto pudo para amargar la protesta social, pero la voluntad del pueblo cruceño (en especial los jóvenes y las mujeres), fue indeclinable. Ha sido enorme el sacrificio social y económico de la ciudadanía.
Este asunto pudo resolverse oportunamente, fijando una fecha intermedia y posible, pero el gobierno empleó su juego de organizar encuentros donde participan mayoritariamente sus allegados políticos y de antemano ya estaban definidos los resultados. Las propuestas de la universidad estatal cruceña y otras instancias no fueron tomadas en cuenta, y sí un discurso agresivo y nada conciliador. El resultado, una ley que ratifica la fecha determinada por el poder político, pero que garantiza en alguna medida su cumplimiento.
Además del indudable perjuicio económico para la región y el país, afloraron, luego de mucho tiempo, algunas posturas xenófobas como la del dirigente cobista Guarachi, de algunos pocos anti collas o anti cambas, ratificándose la política de dividir a la sociedad boliviana, que se implementa desde hace más de quince años, con grave afectación a la construcción del Estado-Nación boliviano, que emergió de la Guerra del Chaco y la Revolución Nacional.
El paro cruceño ha batido el récord en tiempo, superando al de los cocaleros del Chapare y Evo Morales que duró 30 días en el último gobierno de Banzer en el pasado siglo. Si bien es cierto que el paro es un derecho de protesta legítimo, no es menos cierto que toda medida ciudadana de paro, afecta al normal desarrollo de las actividades y es obligación del gobierno atender prontamente el mismo, para evitar mayores efectos perniciosos.
El gobierno actual, que es una secuencia del anterior de catorce años de Evo Morales, sigue el recetario de la violencia desde el poder, para encarar los problemas, en especial cuando éstos se originan en grupos sociales no afines políticamente al régimen, pues cuando son de sus afines los soluciona rápidamente, otorgándoles incluso autorizaciones que afectan al medio ambiente o a la tributación que, por supuesto, incumplen normas de cumplimiento obligatorio, como ha sucedido con los cooperativistas mineros que explotan oro en los ríos del norte de La Paz y obtienen pingües ganancias debido al alto precio de cotización del metal.
Para rematar su política de violencia, el régimen “criminaliza” la protesta legítima, enjuiciando y persiguiendo judicialmente a los dirigentes de los sectores que protestaron, como en el asunto de los cocaleros de los Yungas, que pedían el cumplimiento de la ley y fueron un mes reprimidos con exceso de violencia policiaca y luego perseguidos y encarcelados, lo mismo que ahora se pretende con los dirigentes de las instituciones cruceñas, para eso el gobierno controla el deteriorado Órgano Judicial, la fiscalía, y la policía.
La paz social tiene que lograrse con medidas de gobierno inteligentes, que satisfagan a todos los ciudadanos, pero fundamentalmente que estén ajustadas al cumplimiento de la ley, pues ese es el “estado de derecho”, todos sujetos a la ley y nadie por encima de la misma. Indudablemente, ante los excesos del poder político, corresponde el pronunciamiento del “Defensor del Pueblo”, pero éste también ha sido cooptado por el régimen, que acumula poder deteriorando el sistema social democrático del país, pues cuando todos los órganos e instancias del aparato del Estado están controlados y al servicio del poder, no existe democracia.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.